Cientos de personas, entre trabajadores de salud, educación, despedidos, y miembros del movimiento de víctimas del régimen, participaron este sábado en la segunda Marcha Blanca en San Salvador. La movilización tuvo como objetivo exigir al gobierno que respete los derechos laborales y detenga los recortes presupuestarios propuestos en las áreas de salud y educación para 2025.
Demandas de los sindicatos
Líderes sindicales y miembros del Colegio Médico denunciaron la eliminación de plazas y reducción de presupuesto en sectores clave. Según Idalia Zúniga, maestra despedida tras participar en la primera Marcha Blanca el 19 de octubre, ya suman 107 despidos injustificados, muchos de ellos de directivos sindicales.
El doctor Carlos Ramos Hinds enfatizó que estos recortes «tendrán un impacto negativo en la atención de la población», mientras que el doctor Iván Solano Leiva rechazó las declaraciones del ministro de Salud, Francisco Alabi, quien justificó los despidos aludiendo a supuestas deficiencias en la atención. «No se han entregado despidos por escrito ni se han fundamentado las razones. Esto solo llevará al deterioro de la atención en salud», afirmó.
Recorrido y demandas principales
La marcha inició a las 8:30 a. m. desde la Plaza Divino Salvador del Mundo y culminó al mediodía frente a la Catedral Metropolitana. Durante el recorrido, los manifestantes expresaron su solidaridad con vendedores informales, quienes también enfrentan dificultades.
En un comunicado, los sindicatos exigieron:
- Reinstalación de 107 despedidos de diversas carteras de Estado, incluyendo directivos sindicales.
- Que la Fiscalía General de la República investigue los posibles delitos relacionados con los despidos.
- No congelar los escalafones de salud y educación, leyes vigentes en el país.
- Respetar contratos colectivos, nivelaciones salariales, y mejorar presupuestos para educación y salud.
- Construir el hospital de Nejapa, garantizar el abastecimiento de medicamentos y evitar el cierre de unidades de salud.
Contexto de los recortes
Los manifestantes también condenaron los intentos de privatización de servicios de salud y alertaron sobre el impacto de los recortes en más de 5,000 escuelas. «El ajuste estructural solo causará más hambre, miseria, y precarización de derechos fundamentales como salud y educación», concluyó Zúniga.
La movilización refleja un creciente malestar social ante las políticas presupuestarias del gobierno, con exigencias concretas para revertir decisiones que afectan a los sectores más vulnerables.
