La ministra de Economía, María Luisa Hayem, entregó el viernes 20 de diciembre a la Asamblea Legislativa el nuevo proyecto de Ley de la Minería Metálica, que propone derogar la prohibición de la minería en El Salvador. Este proyecto iniciará su estudio este sábado 21 de diciembre en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión.
El proyecto establece que el Estado será el único autorizado para explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país relacionadas con la minería metálica. Sin embargo, se permitirá que esta actividad se lleve a cabo a través de instituciones específicamente creadas para tal fin o de sociedades en las que el Estado tenga participación accionaria.
En cuanto a las actividades privadas, el proyecto señala que aquellos involucrados en el ciclo minero metálico deberán obtener autorizaciones o permisos para operar, pero no se requerirá concesión por parte de la Asamblea Legislativa para el Estado o las sociedades en las que participe.
La nueva normativa prohíbe las actividades de “reconocimiento superficial y prospección con fines mineros” por terceros en áreas protegidas o en terrenos cercados o cultivados, además de prohibir el uso de mercurio en la minería. La Dirección de la Minería tendría la facultad de declarar “zonas no compatibles” con actividades mineras.
El proyecto también establece un régimen de sanciones para quienes incumplan las normativas. Las multas por no presentar manuales de seguridad minera o informes requeridos pueden ir desde los 10 hasta los 100 salarios mínimos. Por violaciones más graves, como obstaculizar inspecciones o presentar datos falsos, las multas podrían ascender hasta 1,000 salarios mínimos.
El proyecto se discutirá en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión el sábado 21 de diciembre y podría ser aprobado el lunes 23 de diciembre. En caso de ser aprobado, entraría en vigencia 15 días después de su publicación en el Diario Oficial.
Este proyecto se presenta en un contexto en el que el presidente Nayib Bukele, el 27 de noviembre de 2024, expresó su interés en levantar la prohibición de la minería, medida que había sido implementada en 2017 tras la oposición de la Iglesia Católica y organizaciones sociales.
