El gobierno de El Salvador ha alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un programa de financiamiento de $1,400 millones, condicionado a una reforma a la ley de bitcoin. Este acuerdo, anunciado tras la visita del personal del FMI entre el 5 y el 14 de diciembre, está sujeto a la aprobación del Directorio del FMI y al cumplimiento de «acciones previas» acordadas.
El FMI detalló que las reformas contempladas buscan reducir los riesgos asociados con la criptomoneda. En particular, la propuesta modifica la ley para hacer que la aceptación de bitcoin sea voluntaria para el sector privado, en lugar de obligatoria como establece actualmente el artículo 7 de la ley. A su vez, se limitarán las actividades del sector público relacionadas con bitcoin, incluyendo las transacciones y compras de criptomonedas.
Otro cambio clave será la modificación del artículo 4, que actualmente permite el pago de impuestos en bitcoin. Según el acuerdo con el FMI, a partir de la reforma, los impuestos podrán ser pagados únicamente en dólares, eliminando la posibilidad de usar bitcoin para este propósito.
El gobierno también se ha comprometido a reducir gradualmente su participación en el monedero Chivo, una herramienta lanzada en 2021 para promover la adopción de bitcoin, y a mejorar la transparencia y la supervisión de la industria de activos digitales en el país.
Este acuerdo llega después de años de tensiones entre El Salvador y el FMI debido a la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en 2021, lo que generó tanto entusiasmo como preocupaciones sobre la estabilidad económica y la transparencia. Aunque el presidente Nayib Bukele defendió la medida, el FMI había recomendado en 2022 que se eliminara el bitcoin como moneda oficial, pero el gobierno se mantuvo firme en su postura.
El FMI ha destacado que la reforma a la ley de bitcoin es un paso importante para salvaguardar la estabilidad financiera del país y mejorar la regulación en el sector de activos digitales. El Salvador, que ha acumulado una reserva de 6,191 bitcoins, sigue siendo un caso singular en la adopción de criptomonedas a nivel gubernamental.
