El sistema judicial salvadoreño se prepara para un cambio estructural en el tratamiento de los delitos más graves, tras la sanción presidencial de un paquete de reformas legales que introducen la cadena perpetua con mecanismos de revisión periódica. La medida, impulsada por el Gobierno, redefine tanto las penas como la operatividad de los tribunales en materia penal.
Un día después de su aprobación legislativa, el presidente Nayib Bukele sancionó el 27 de marzo las modificaciones a seis cuerpos normativos, abriendo paso a un nuevo esquema de castigo para delitos considerados de extrema gravedad. Entre las leyes reformadas se encuentran el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley Orgánica Judicial, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres (LEIV).
La entrada en vigencia de estas reformas está prevista para el próximo 26 de abril, fecha en la que también comenzarán a operar los nuevos juzgados de lo criminal, surgidos de la conversión de los actuales tribunales de menores. Estos órganos tendrán, entre sus funciones, la revisión obligatoria de las condenas a cadena perpetua.
La normativa establece que delitos como homicidio —en sus distintas modalidades—, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones criminales o terroristas serán castigados con prisión perpetua como única pena, aplicable tanto a autores como a cómplices, sin distinción de edad o afiliación a pandillas.
Uno de los cambios más relevantes es la transformación del delito de “agrupaciones ilícitas”. A partir de la reforma, este tipo penal se aplicará a estructuras delictivas no pandilleriles, con sanciones que oscilan entre 10 y 20 años de prisión, reduciendo los rangos previamente establecidos para miembros de pandillas.
Pese a que la cadena perpetua se establece como condena principal, la legislación introduce revisiones obligatorias que podrían abrir la puerta a regímenes de libertad controlada. Estas evaluaciones se realizarán cada cinco años, una vez cumplidos determinados períodos de prisión: 25 años para menores de edad, 30 para adultos, 35 en casos de múltiples delitos y hasta 40 años cuando existan agravantes.
El contexto de estas reformas se enmarca en la política de seguridad implementada desde el régimen de excepción decretado el 27 de marzo de 2022, bajo el cual los homicidios han disminuido, aunque no han sido completamente erradicados. No obstante, el discurso oficial ha reiterado una postura de cero tolerancia frente a las pandillas.
El 1 de junio de 2025, el presidente Bukele afirmó públicamente que los pandilleros no serían liberados “ni ahora ni nunca”, reforzando la línea dura de su administración. En la misma línea, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, expresó en febrero de ese año que el Gobierno no cree en la rehabilitación de personas vinculadas al terrorismo, independientemente de su edad.
Sin embargo, la propia reforma contempla escenarios en los que las penas podrían reducirse significativamente. Por ejemplo, en procedimientos abreviados —cuando el imputado confiesa y cuenta con aval fiscal—, la condena podría disminuir hasta un mínimo de 10 años de prisión.
De acuerdo con datos oficiales, entre 2024 y 2025 se registraron al menos 96 homicidios, 25 feminicidios y 2,739 casos de violación, según la memoria de labores de la Fiscalía General de la República. En paralelo, el gabinete de seguridad reportó 644 violaciones en 2025. En el año anterior, las cifras alcanzaron 117 homicidios, 25 feminicidios y 3,018 violaciones.
Con la implementación de estas reformas, el país entra en una nueva etapa en su política criminal, marcada por el endurecimiento de las penas y la reconfiguración del sistema judicial, en medio de un debate sobre el equilibrio entre seguridad, derechos humanos y reinserción social.
