En el marco de las próximas elecciones presidenciales y legislativas en El Salvador, que se llevarán a cabo el domingo 4 de febrero, la atención se centra en las recientes reformas legales que han elevado las penas por fraude electoral en el país.
El fraude electoral, considerado un delito grave en El Salvador, ahora conlleva penas de 10 a 15 años de prisión, según lo estipulado en el artículo 295 del Código Penal. Este delito puede derivarse de diversas conductas ilícitas cometidas en cualquier proceso electoral, las cuales han sido detalladas en el mencionado artículo.
Las conductas que constituyen fraude electoral incluyen votar sin tener derecho, suplantar a otro elector, votar más de una vez en la misma elección, pagar o prometer beneficios para influir en el voto, alterar el registro electoral, sustraer o destruir el padrón electoral, así como documentos para las votaciones.
Asimismo, se considera fraude electoral la sustracción, inutilización, sustitución o destrucción de papeletas de votación o urnas desde el momento de su impresión por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hasta la conclusión del escrutinio. Además, impedir la elaboración del registro o la inscripción de candidaturas que cumplan con los requisitos también se ha incluido como conducta punible, según la reforma aprobada en enero de 2023.
En las elecciones de 2024, que serán las primeras vigentes luego de la mencionada reforma, la Fiscalía General de la República (FGR) será la institución encargada de acusar a posibles infractores de fraude electoral.
Cabe destacar que las penas de prisión por fraude electoral fueron aumentadas como parte de una serie de reformas legislativas, que incluyeron la incorporación de una nueva conducta de fraude electoral: impedir la inscripción de candidaturas que cumplen con los requisitos establecidos.
El Salvador ha estado llevando a cabo jornadas electrónicas de votación durante casi 30 días, las cuales concluirán el mismo día de las elecciones. Estos comicios decidirán tanto al próximo presidente de la República como a los miembros de la Asamblea Legislativa, marcando un hito en el país en términos de seguridad y transparencia en el proceso electoral.
