La Asamblea Legislativa de El Salvador está lista para aprobar este martes la vigésimo quinta prórroga del régimen de excepción, una medida implementada desde el 27 de marzo de 2022. Hasta hace un mes, este régimen había resultado en la captura de 78,175 personas señaladas de pertenecer a pandillas.
La actual prórroga, que finaliza el miércoles 10 de abril de 2024, ha sido objeto de debate y controversia. Los diputados del partido Nuevas Ideas y sus aliados han defendido la extensión del régimen de excepción hasta que se logre capturar al último pandillero, subrayando la necesidad de mantener medidas extraordinarias para combatir la violencia en el país.
Sin embargo, el régimen de excepción implica la suspensión de garantías constitucionales fundamentales para la población, como el derecho a la privacidad en las comunicaciones, el debido proceso y el derecho a la defensa. Estas medidas permiten al Estado intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial, prolongar la detención de sospechosos sin audiencia de 72 horas a 15 días, y restringir el derecho de defensa de los detenidos.
Además, en marzo de 2022, la Asamblea Legislativa modificó el Código Penal para aumentar la pena máxima por pertenecer a pandillas de 9 a 45 años de prisión. Posteriormente, en marzo de 2023, se aprobaron reformas a la Ley contra el Crimen Organizado que aumentaron la pena máxima para los cabecillas de pandillas a 60 años de prisión.
A pesar de los esfuerzos por combatir la delincuencia, organizaciones como Cristosal y Amnistía Internacional han documentado más de 3,500 denuncias de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción. Estas denuncias incluyen capturas arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal, así como tratos crueles e inhumanos.
Amnistía Internacional también ha señalado la criminalización de personas en situación de pobreza y los efectos negativos que esta medida tiene en sus familias, como el gasto adicional provocado por el encarcelamiento de un miembro proveedor. Estas preocupaciones plantean interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos en El Salvador.
