El Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) ha revelado cifras preocupantes sobre el incremento de embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador durante el primer mes del año en curso. Según el reporte, un total de 295 jóvenes entre 12 y 17 años resultaron embarazadas en este período, siendo los principales perpetradores sus «compañeros de vida» e incluso, en algunos casos, sus propios padres.
De acuerdo con los datos recopilados por Conapina, se destaca que 195 de estos casos podrían constituir «vulneraciones», siendo los principales agresores hombres de entre 18 y 30 años, seguidos por adolescentes de 15 a 17 años, y en tercer lugar, adultos de 31 a 40 años. En aproximadamente 185 casos no se ha logrado identificar la edad de los agresores.
Los resultados del estudio revelan que en un 19.31 % de los casos, el principal agresor tenía una relación de «padre de familia», mientras que un 18.38 % eran «compañeros de vida», y un 16.82 % eran novios. En un 10.59 % de los casos, no se identificó ninguna relación con el agresor, y en el resto se desconoce el tipo de relación.
Los departamentos más afectados por estos embarazos en menores son La Libertad, San Miguel, Sonsonate, La Paz, Santa Ana, San Salvador, Morazán, Usulután, Ahuachapán, Cabañas y Chalatenango. Sin embargo, en unos 150 casos no se ha podido determinar el departamento.
Las autoridades informaron que se han presentado denuncias contra 288 personas relacionadas con estos casos. Estas cifras son aún más alarmantes si se comparan con el año anterior, donde en 2023 se registraron 3,071 niñas y adolescentes embarazadas.
Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) titulado “Mapa de embarazos en niñas y adolescentes” señaló que El Salvador cerró el año 2022 con un total de 10,352 menores embarazadas. Entre las causas identificadas se encuentran las uniones tempranas, los embarazos en el contexto de noviazgos y las agresiones sexuales.
Ante esta preocupante situación, se requiere una acción urgente por parte de las autoridades para proteger los derechos y la integridad de las niñas y adolescentes salvadoreñas, así como para implementar políticas efectivas que prevengan y sancionen estos actos de violencia y abuso.
