El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó un llamado urgente para la asignación de al menos $4.1 millones destinados al pago de unos 75,000 trabajadores temporales que prestaron sus servicios durante las elecciones llevadas a cabo en febrero y marzo. Estas elecciones resultaron en la selección de 622 funcionarios para cargos de elección popular.
Según reveló una fuente interna del TSE, la suma exacta necesaria asciende a $4,112,715.00 para cubrir los pagos pendientes de los empleados temporales contratados durante los días 4 de febrero y 3 de marzo.
Los responsables del Programa General de Elecciones (Plagel) han presentado a los magistrados una detallada lista de 14 rubros en los que se contrató personal temporal para los comicios. Entre estos, se incluyen 20,594 vigilantes para las elecciones del 4 de febrero, 19,613 vigilantes para las del 3 de marzo, así como 30,546 miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV) que trabajaron el 3 de marzo, y 33 adecuadores y 11 trabajadores para el 4 de febrero y 3 de marzo respectivamente.
Además, se contrataron 1,449 colaboradores para la Dirección de Organización Electoral (DOE), 933 auxiliares de la DOE, 1,583 encargados para la DOE, 307 gestores logísticos distritales, 191 digitadores nocturnos, 15 técnicos de clonación, 30 personas para servicios de call center y 86 jefes de centro.
Los salarios para estos trabajadores temporales varían desde $15 por jornada hasta $1,600, dependiendo del rol desempeñado. Los vigilantes reciben los pagos más bajos, mientras que los jefes de centro tienen los pagos más altos.
Sin embargo, el registro de trabajadores temporales aún no está completo, ya que falta la información de los miembros de Juntas Receptoras de Votos en el Exterior (JRVEX), así como de jefes y auxiliares de soporte, y de vigilantes y miembros de JRV que no transmitieron el 4 de febrero.
La semana pasada, Claudia Ramírez García, directora de Talento Humano, envió un escrito a los magistrados del TSE solicitando los acuerdos de nombramientos del personal y documentos de identificación de los empleados contratados. Esta información fue requerida inicialmente por Carmen Padilla de Zelaya, jefa de la Tesorería, para poder recibir la asignación de fondos por parte del Ministerio de Hacienda.
La magistrada presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez de Barahona, explicó que los pagos no son inmediatos debido a la necesidad de documentar y justificar todo, ya que los fondos de elecciones están sujetos a auditoría por parte de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
