El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador ha confirmado la participación de nueve instituciones como observadores electorales en las jornadas del 4 de febrero y 3 de marzo de 2024.
El magistrado del TSE, Noel Orellana, anunció que hasta el momento se han confirmado nueve instituciones para llevar a cabo la observación electoral. Estas instituciones incluyen la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Asociación de Magistradas Electorales de América (Amea), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-web), el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), Transparencia Electoral, la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo) y la Universidad Don Bosco (UDB).
Además, el TSE ha recibido solicitudes de acreditación de observadores de otras instituciones, como la Universidad Nacional de La Plata, embajadas y organizaciones juveniles. Fundaungo y la UDB han solicitado la acreditación de 1,300 observadores electorales para los comicios del próximo año.
El magistrado Orellana destacó el interés de múltiples entidades en observar el proceso electoral, atribuyéndolo a «la seriedad con la que este organismo electoral lleva a cabo sus funciones y su credibilidad». Sin embargo, el TSE ha sido criticado por no revelar todos los convenios o acuerdos con las instituciones de observación electoral, ya que solo entregó cuatro acuerdos, omitiendo otros acuerdos mencionados por el magistrado Orellana.
La Iniciativa Votante ha expresado su preocupación por el hecho de que el Plan General de Elecciones (Plagel) solo considere la observación electoral para las jornadas electorales y no para todo el proceso electoral, señalando que la observación es crucial para brindar credibilidad y exponer posibles anomalías en los procesos electorales.
Se proyecta que las misiones de observación electoral se apliquen desde el 1 al 5 de febrero y del 28 de febrero al 4 de marzo de 2024, durante las cuales los salvadoreños elegirán a 622 funcionarios en cargos de elección popular.
