A pocas horas de que expire la actual designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, cerca de 170,000 salvadoreños permanecen pendientes de una resolución de las autoridades migratorias de Estados Unidos. La fecha límite llega este 9 de septiembre sin que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) haya confirmado una nueva prórroga o la finalización definitiva del programa.
La falta de un anuncio oficial ha generado incertidumbre entre miles de familias que dependen de este beneficio para residir y trabajar legalmente en territorio estadounidense. De acuerdo con la normativa vigente, si el gobierno no emite una decisión antes del vencimiento, la protección podría extenderse automáticamente por seis meses, aunque los beneficiarios continúan a la espera de una confirmación formal.
El impacto de una eventual terminación del TPS alcanzaría no solo a quienes están amparados por el programa, sino también a unos 150,000 hijos nacidos en Estados Unidos. Sin otra alternativa migratoria, muchos de los beneficiarios quedarían expuestos a procedimientos de deportación y perderían la autorización que actualmente les permite desempeñarse de forma legal en el mercado laboral.
Creado para brindar protección a ciudadanos de países afectados por desastres naturales o situaciones extraordinarias, el TPS fue otorgado a los salvadoreños tras los terremotos de 2001. Más de dos décadas después, miles de ellos han construido su vida en estados como California, Texas, Nueva York, Maryland y Virginia, donde contribuyen principalmente en sectores como la construcción, el transporte, la manufactura, los restaurantes y el cuidado de adultos mayores.
Organizaciones de la diáspora estiman que este grupo aporta alrededor de $5,400 millones cada año a la economía estadounidense, en un contexto marcado además por el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.
