Según una noticia publicada el día miércoles 24 de noviembre del presente año, un grupo de periodistas habría recibida un correo electrónico de una compañía tecnología internacional, alertándoles que existe el riesgo de un “posible espionaje” por parte de atacantes patrocinados por el Estado, lo que eventualmente tendría comprometiendo de forma remota sus teléfonos móviles.
“En mi calidad de Defensor de los derechos de la ciudadanía debo señalar que nuestra constitución prohíbe la interferencia de intervención de las telecomunicaciones y solo de forma excepcional mediante autorización judicial suficientemente motivada, es que la Fiscalía General de la República puede realizar dichas intervenciones para la investigación de casos puntuales”, expresó Ricardo Martínez, Procurador de los Derechos Humanos..
El articulo 35 de la Ley Especial de Intervención de las Telecomunicaciones (LEIT) tipifica como delito la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial, agregando que cuando fuere realizada por funcionario o empleado público, además de la pena de prisión, se impondrá la inhabilitación para el desempeño del cargo de empleo público que ejerciere.
De tal manera que si resulta ser cierta la nota periodística se estarían afectando los derechos fundamentales de suma relevancia que deben ser investigados y sancionados conforme al debido proceso, y por ello es oportuno retomar lo expuesto en la Declaración conjunta de Relatores de la Libertad de Expresión.
“Al licenciado Rodolfo Delgado, Fiscal General de la República, iniciar los pasos necesarios para salvaguardar el derecho a la libertad de expresión y realizar una investigación objetiva y concluyente sobre la supuesta intervención telefónica arriba señalada, y en caso determinar que se han efectuado las intervenciones a las telecomunicaciones de cualquier ciudadano/a sin la debida autorización judicial (como lo mandata la LETI), se deduzcan ante las autoridades judiciales pertinentes kas responsabilidades que correspondan garantizando en todo momento el debido proceso”, agregó Martínez.
