El presidente Electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció la noche, de este martes, que el y su compañera Karin Herrera se retiran y suspenden el proceso de transición, y no lo retomarán hasta que termine la persecución judicial y fiscal de la que es objeto su partido y los organismos electorales que ratificaron su victoria en la segunda vuelta presidencial el pasado 20 de agosto.
«Le hemos informado al presidente Alejandro Giammattei que suspendemos temporalmente nuestra participación en el proceso administrativo de transición, en tanto se restablecen las condiciones políticas necesarias”, dijo Arévalo a periodistas.
Arévalo pidió la renuncia de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras y del juez penal Fredy Orellana, quienes han mantenido un sistemático proceso de acoso judicial contra el Partido Semilla y el proceso electoral de la segunda vuelta, que buscarían evitar que el presidente electo asuma el poder, en un plan que denunció hace unos días sobre un eventual “golpe de Estado”, en Guatemala.
Arévalo: "Le hemos informado al presidente Alejandro Giammattei que suspendemos temporalmente nuestra participación en el proceso administrativo de transición, en tanto se restablecen las condiciones políticas necesarias" | Vía: @EBercian_PN pic.twitter.com/xQRa3IhjOR
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 13, 2023
Además anunció que presentará una denuncia contra fiscal anticorrupción Rafael Curruchiche y la fiscal Cinthia Monterroso, y pedirá el antejuicio de Porras y Orellana.
«Porras, Curruchiche y Orellana son responsables de violentar el orden constitucional», denunció Arévalo.
“Como presidente electo, me dirijo a estos funcionarios para pedirles que renuncien a su cargo. Solo su salida del cargo permitirá garantizar el orden constitucional», insistió Arévalo. «Los golpistas deben renunciar”, dijo.
Las declaraciones del mandatario electo se dan a tan solo horas que el Ministerio Público de Guatemala allanara las instalaciones donde se resguardan las papeletas de las elecciones generales del pasado 25 de junio ante una denuncia de supuestas anomalías en el recuento de los votos.