La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió recientemente un dictamen favorable para la creación de la Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales Ubicados en Espacios Públicos, un instrumento legal que permitiría estructurar y profesionalizar la administración de los mercados nacionales y locales comerciales instalados en plazas, parques y otros espacios públicos.
La propuesta legislativa contempla la creación de una dirección autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía funcional, que estaría encargada de organizar, planificar, modernizar y supervisar la operación de estos espacios, bajo criterios de eficiencia, libre competencia y salubridad. Esta institución tendría su sede principal en San Salvador Centro, aunque podrá establecer oficinas en todo el país, y se vincularía directamente con la Presidencia de la República.
Entre sus competencias, la nueva Dirección podrá emitir normativas de funcionamiento, supervisar los servicios básicos, regular la infraestructura de los puestos de venta, y mantener el orden dentro de los espacios comerciales. Además, estará facultada para crear el Sistema Informático para la Administración de Mercados (SIAM), que incluirá un registro único de locales y puestos de venta, así como información detallada sobre su situación jurídica y operativa.
El marco legal también define derechos y obligaciones para las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades comerciales en estos espacios, ya sea como adjudicatarios o como empleados. De igual forma, se establece que cualquier modificación estructural a los puestos de venta deberá contar con autorización previa de la Dirección, garantizando así la conservación de la infraestructura.
En términos financieros, la Dirección será sostenida por fondos estatales, bienes adquiridos y recursos provenientes de tasas o aportes públicos o privados. El presupuesto será fiscalizado por la Corte de Cuentas de la República y estará sujeto a mecanismos de control interno y auditorías independientes.
Finalmente, la ley también establece que los municipios beneficiados con infraestructura administrada por la Dirección podrán fijar tasas o impuestos municipales a los comerciantes adjudicatarios, integrando así una lógica de corresponsabilidad fiscal.
Con esta iniciativa, El Salvador se encamina a contar con una herramienta normativa moderna para mejorar la gestión de sus mercados públicos, dinamizar la economía local y garantizar mejores condiciones para comerciantes y consumidores.
