El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, informó que entregará a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe sobre los hallazgos encontrados por los diputados de la Comisión Especial que investigó el financiamiento con fondos públicos a organizaciones no gubernamentales fachadas, durante las anteriores legislaturas.
La entrega de la documentación se realizará luego de que, en la sesión plenaria número 125, los parlamentarios de dicha mesa de trabajo, cumpliendo con los marcos legales, entregaran un reporte final, el cual fue aprobado con 65 votos.
“Esperamos que se llegue a las últimas consecuencias, porque el mandato de este país es que ya no vamos a seguir tolerando que los sinvergüenzas nos estén viendo la cara como pueblo salvadoreño”, dijo el parlamentario Castro. “Ya eso terminó y no se tiene que volver a repetir en ningún periodo ni ayer ni ahora ni mañana”, agregó.
Luego de desarrollar investigaciones y de haber ejecutado diversas entrevistas a profundidad, los diputados que integran la comisión concluyeron que muchas de estas ONG fueron creadas e integradas por dirigentes del FMLN y ARENA, hoy exfuncionarios de ambos partidos, y empleados de estos.
Las asignaciones monetarias atendían a vínculos ideológicos y partidarios. Muchas de estas instituciones ni siquiera tenían acreditaciones o registro dentro del Ministerio de Gobernación.
Además, señaló que para conocer los detalles se solicitaron registros a diferentes carteras e instituciones de Estado como el Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de Gobernación, la Imprenta Nacional de El Salvador y el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), además de los convenios que las asociaciones tenían con otros ministerios e instituciones públicas.
Reportes del Ministerio de Hacienda indican que al menos unas 360 asociaciones falsas fueron beneficiadas con un total de $273 millones provenientes del Presupuesto General de la Nación.
Durante 11 años, ONG de distintas ramas -como deportivas, religiosas, de investigación o educativas- recibieron recursos económicos sin realizar el debido proceso que se requiere dentro del Órgano de Estado. Es decir, sin una base legal y todo a discreción de los integrantes de la Comisión de Hacienda.
