En el marco de las «Normas de formulación presupuestaria 2025», el Ministerio de Hacienda ha instruido a todas las instituciones públicas a eliminar todas las plazas vacantes, sin importar la fuente de financiamiento. Como parte de este mandato, se ha exigido que las instituciones remitan una lista certificada de dichas vacantes como requisito indispensable para que sus proyectos de presupuesto sean recibidos.
Este requerimiento forma parte de las estrictas disposiciones establecidas en la «Política presupuestaria 2025», que también fija un techo preliminar de gasto para que las instituciones elaboren sus propuestas de presupuesto y salarios, con fecha límite de entrega al 30 de septiembre de 2024.
De acuerdo con las nuevas directrices, las instituciones deben limitarse a programar el número de plazas vigentes sin aumentarlas ni crear nuevas. No obstante, se permite la ocupación del 40 % de las vacantes, pero exclusivamente para «cargos estratégicos» y «estrictamente indispensables». El resto de las plazas vacantes será congelado durante el ejercicio fiscal 2025, y los recursos asociados a estas podrían reorientarse para otras necesidades institucionales prioritarias, aunque Hacienda no detalló en qué se destinarán.
Entre las excepciones a esta política se encuentran las plazas correspondientes a los sectores de educación, salud (médicos, paramédicos y enfermeras), las cuales no estarán sujetas a la congelación.
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que, en la Procuraduría General de la República (PGR), se estén forzando renuncias voluntarias de empleados en edad de retiro con el objetivo de congelar las plazas. Según Héctor Rodríguez, representante del MTD, esto podría deteriorar aún más la calidad del servicio en la institución, que ya enfrenta dificultades para atender a la población.
Rodríguez advierte que el impacto será grave en áreas clave, como la atención de casos de personas despedidas, madres demandantes de cuotas alimenticias y víctimas del régimen, ya que la reducción de personal podría empeorar la situación actual.
Hacienda ha enfatizado que para el 2025 no se permitirán nuevas plazas, a menos que se cuente con la aprobación explícita de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República. Además, se suspenderán los aumentos salariales y nivelaciones para funcionarios y empleados públicos, y se implementarán varias restricciones en los gastos operativos de las instituciones.
Entre las medidas más destacadas para el presupuesto del próximo año se incluyen:
- La prohibición de nuevas prestaciones para empleados de todas las instituciones públicas.
- Restricción de dietas superiores a $400 por sesión.
- Prohibición de recursos para consultorías, estudios e investigaciones financiadas con el Fondo General.
- Reducción de gastos en papelería, promoviendo el uso de medios digitales.
- Prohibición de nuevos seguros de vida y médico hospitalarios.
- Limitación de compras de vehículos para funcionarios, excepto en áreas de salud, seguridad pública y soberanía.
Con estas medidas, Hacienda busca racionalizar el gasto público y priorizar el uso eficiente de los recursos del Estado de cara al ejercicio fiscal 2025.
