La ministra de Economía, María Luisa Hayem, presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley denominado “Ley para el fomento de entidades fintech y regulación de servicios financieros digitales”. Este marco regulatorio tiene como objetivo regular las actividades de las plataformas digitales dedicadas a pagos, crowdfunding y préstamos, sectores que hasta ahora han operado sin una supervisión directa debido a la novedad de los servicios financieros digitales.
El proyecto de ley, entregado por el Ejecutivo el pasado lunes, propone una exención fiscal de cinco años en el Impuesto sobre la Renta para las nuevas “Entidades Fintech” que se constituyan a partir de la vigencia de la ley. Estas entidades deberán obtener la autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), y aquellas que ofrezcan servicios de pagos en plataformas digitales también necesitarán la aprobación del Banco Central de Reserva (BCR).
El presidente del BCR, Carlos Acevedo, subrayó la importancia de esta legislación al declarar: «Entiendo que no estaban reguladas justamente por la novedad de los servicios financieros digitales. Me parece muy importante incluirlos dentro del perímetro regulatorio de la SSF». Asimismo, indicó que las empresas fintech que ya operan en El Salvador tendrán un plazo de 12 meses, a partir de la emisión de la norma técnica, para regularizar su situación y conformarse formalmente como Entidades Fintech.
Plazos y obligaciones para las Entidades Fintech
Según el proyecto de ley, el BCR dispondría de 90 días para emitir las normas técnicas que regularán el sector. Además, las Entidades Fintech tendrían un plazo de 60 días, prorrogables por un periodo igual, para presentar un “plan de adecuación” a la SSF o al BCR. El incumplimiento de esta presentación impediría que continúen ofreciendo sus servicios.
Para reforzar la implementación de la normativa, se creará el Consejo de Innovación Financiera (CIF) y la Oficina de Innovación Financiera (OIF). El CIF tendrá como misión promover la alfabetización financiera digital entre la población, abarcando temas como identidad digital, privacidad de datos y ciberseguridad. Por su parte, la OIF, integrada por personal técnico de la SSF y el BCR, se encargará de mantener un repositorio de las Entidades Fintech autorizadas. Ambas instituciones deberán estar operativas en un plazo máximo de 90 días desde la aprobación de la ley.
Crowdfunding y captación de fondos
El proyecto de ley también establece un marco legal para la captación de fondos a través de plataformas de crowdfunding. Las Entidades Fintech que ofrezcan estos servicios deberán expedir un reglamento que defina los criterios de admisión de proyectos, las características de los mismos y las condiciones financieras aplicables. No obstante, los fondos captados a través de estas plataformas no podrán ser utilizados para la fusión o adquisición de acciones de otras sociedades ni para la concesión de créditos. Además, las entidades no podrán ofrecer asesoría directa sobre los proyectos productivos financiados mediante crowdfunding.
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que en El Salvador ya existen 27 emprendimientos bajo el modelo fintech, lo que representa un incremento del 93 % en comparación con los 14 reportados en 2022.
En resumen: lo que propone la ley Fintech
La ley Fintech busca establecer un marco regulatorio para las empresas que diseñan, elaboran o gestionan productos o servicios financieros digitales mediante tecnologías. Además, regula plataformas de pagos digitales, crowdfunding y préstamos, exigiendo autorizaciones específicas del BCR y la SSF según el tipo de servicio ofrecido. Por último, se otorgaría una exención de cinco años del Impuesto sobre la Renta para nuevas entidades o aquellas con menos de cinco años de operación.
