En una conferencia de prensa, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, presentó evidencia contundente que señala al expresidente Alfredo Cristiani de haber llegado a la presidencia en 1989 endeudado y con inversiones en ruinas, pero al término de su mandato en 1994, haber salido como un millonario. Delgado afirmó que estas revelaciones demuestran un claro caso de corrupción y lo calificó como un «ladrón y cínico».
Durante la comparecencia ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa encargada de investigar los sobresueldos, Cristiani admitió haber recibido un salario mensual de 600,000 colones (equivalentes a $68,600) provenientes de la partida secreta, sumando un total de $4.1 millones durante sus cinco años de gobierno. Sin embargo, Delgado sostiene que estas declaraciones no justifican el enriquecimiento desmedido del exmandatario.
Las investigaciones revelan que Cristiani utilizó diversas estrategias para ocultar su riqueza ilícita, transfiriendo fondos al extranjero a través de compañías fantasma o empresas ficticias. En este sentido, el Ministerio Público ha incautado un total de 156 inmuebles, 42 vehículos y 15 productos financieros, valorados en $10.6 millones. El Fiscal General advirtió que se continuarán las investigaciones penales y, de ser necesario, se tomarán medidas legales para perseguir y procesar a aquellos que estén involucrados, incluso si se encuentran en el extranjero.
Delgado también señaló que los Acuerdos de Paz firmados por Cristiani en su gobierno permitieron la entrada de individuos corruptos disfrazados de luchadores sociales y guerrilleros, quienes se infiltraron en la Asamblea Legislativa y formaron parte de una maquinaria de corrupción que ha saqueado al pueblo salvadoreño durante mucho tiempo.
El Fiscal General resaltó que, al asumir su cargo, descubrió una investigación archivada por administraciones anteriores, lo que demuestra la falta de voluntad para combatir la corrupción en el país. Delgado reafirmó su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva y garantizar que todos los responsables rindan cuentas por sus actos de corrupción.
El pueblo salvadoreño ha manifestado su indignación ante estas revelaciones, exigiendo justicia y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Las investigaciones en curso seguirán desenmascarando casos de corrupción y trabajando para reconstruir la confianza en las instituciones del país.
