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FGR solicita medidas contra Gerardo Quijada Orellana

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una solicitud de imposición de medidas contra Gerardo Quijada Orellana, exdueño de los talleres GQ Racing, quien es acusado de estafar a una nueva víctima por más de $700,000. La acusación se extiende a otros individuos vinculados, incluyendo a Jorge Alemán, César Trujillo y varios miembros de la familia Quijada Suncín.

La FGR informó a través de su cuenta en X (antes Twitter) que esta solicitud se debe a una serie de delitos cometidos por Quijada Orellana y otros 10 procesados, quienes están siendo investigados por estafa agravada, que asciende a $1.3 millones. Entre los acusados también figuran Jorge Alberto Alemán Cruz y Jorge Carlos Figeac Cisneros, por agrupaciones ilícitas y estafa agravada, así como otros implicados en delitos relacionados con amenazas, cohecho y lavado de dinero.

El caso ha tenido diversas ramificaciones, y a finales de octubre, Adonay Panameño Castro fue procesado por su vinculación con el caso GQ Racing. Según la FGR, Panameño facilitó un vehículo a Quijada para evadir la justicia, lo que lo vincula con los delitos de favorecimiento a la evasión y agrupaciones ilícitas.

Quijada Orellana fue detenido el 19 de septiembre por la Policía Nacional Civil (PNC) tras ser señalado por un proceso pendiente desde 2009, relacionado con una condena a seis años de cárcel por estafa agravada. En el mismo operativo, fueron detenidas otras ocho personas, y se llevaron a cabo allanamientos en varios talleres de GQ Racing. Durante los días siguientes, las autoridades procedieron con más clausuras, incluyendo dos talleres en Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este.

Además de los cargos por estafa, Quijada enfrenta un total de nueve delitos, que incluyen agrupaciones ilícitas, extorsión, violencia contra funcionario público y la tenencia ilegal de armas. La medida de detención provisional fue decretada, y el tribunal también ordenó la reserva del caso debido a la naturaleza de los delitos, regulados por la Ley Especial de Delitos Cibernéticos.

Este caso resalta las graves acusaciones en torno a una red de estafas y delitos vinculados a GQ Racing, un negocio que, según las autoridades, operaba bajo prácticas ilícitas que afectaron a múltiples víctimas, incluyendo a la última persona por la que se solicitó la imposición de medidas.