Los abogados que representan a la empresa salvadoreña QUIMAGRO se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito que la institución pertinente cite para entrevistar a los miembros de la junta directiva del Banco Cuscatlán y que se den de oficio a la Superintendencia del Sistema Financiero a efecto de poder ratificar si la fusión del banco Scotiabank y Cuscatlán ha sido legal.
Los abogados afirmaron que han solicitado a la FGR que investigue los delitos de “Falsedad ideológica” por omisión, debido a que se presentaron estados financieros del presente año, en los cuales se omitieron cuestiones legales sobre la reserva del caso QUIMAGRO en el cual el banco tiene un embargo preventivo por $49 millones.
“Queremos que el Ministerio Público determine si la fusión que hizo el banco es ilegal respecto a algunas acciones que al parecer tenían gravámenes”, expuso uno de los abogados.
Recientemente, en este proceso legal se dio a conocer que el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, luego de realizar el estudio pertinente, decretó embargo preventivo de bienes en contra de la institución bancaria. Asimismo, informaron que el juzgado resolvió también que una tercera parte del monto deberá ser embargado para “responder por los intereses y costas procesales que se reclaman en el proceso común principal”.
La lucha legal inició en 1984, contra el Banco de Comercio, ahora Cuscatlán, dictándose una resolución el 15 de abril de 2013, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia pago de una indemnización por daños y perjuicios a favor de la empresa dedicada al rubro de los pesticidas.
Con la elección de los nuevos magistrados propietarios para la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un gran porcentaje de la población y sectores empresariales, espera cambios contundentes en la operatividad del sistema judicial del país, iniciando por la resolución de casos que por años han estado en el olvido o en instancias administrativas que han dilatado su término.
