Alejandro Muyshondt, exasesor de seguridad del gobierno de Nayib Bukele, falleció después de permanecer seis meses en prisión. La noticia fue comunicada a la familia del exasesor por la Fiscalía de San Marcos, según informaron reportes periodísticos.
La esquela de muerte del Instituto de Medicina Legal, publicada por Revista Factum, indica que la causa del deceso fue un edema pulmonar, aunque la causa específica aún está pendiente de determinar. El reconocimiento del cadáver de Muyshondt Álvarez se llevó a cabo a las 8:10 de la noche del miércoles 7 de febrero, y el cuerpo fue entregado al mediodía de este jueves.
#Actualidad | ???? Alejandro Muyshondt, ex asesor de seguridad del Gobierno, murió a las 8:10 pm del 7 de febrero, según el acta del Instituto de Medicina Legal a la que Factum tuvo acceso.
➡️ La causa preliminar de la muerte es edema pulmonar, dice el documento. pic.twitter.com/Sk8gmX8VZV
— Factum (@RevistaFactum) February 8, 2024
Muyshondt Álvarez fue detenido el 9 de agosto de 2023, después de la difusión de audios e imágenes que supuestamente vinculaban al diputado de Nuevas Ideas, Erick García, con posibles delitos como tráfico de drogas, lavado y nepotismo.
El 23 de agosto, la Fiscalía presentó acusaciones contra Muyshondt Álvarez en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador por los delitos de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y de favorecimiento de la evasión. La audiencia, realizada el 25 de agosto, decretó reserva total del caso.
En octubre, ante rumores sobre la muerte de Muyshondt, la Fiscalía publicó un video mostrando al exasesor siendo notificado de una audiencia de revisión de medidas. Previo a esto, un medio local informó que Muyshondt habría sido hospitalizado a inicios de octubre por un supuesto accidente cerebrovascular, aunque esta información no fue oficializada.
En noviembre, el abogado de la familia de Muyshondt, Fernán Álvarez, solicitó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que admitiera un habeas corpus para ordenar una revisión médica, física y mental del exfuncionario, con el propósito de determinar su aptitud para enfrentar el proceso en su contra.
