El Salvador ha registrado un total de 73 detenciones de conductores desde la implementación de la nueva reforma a la Ley de Tránsito, que prohíbe la conducción con cualquier cantidad de alcohol en el organismo. Así lo informó este miércoles el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, quien detalló que, desde el 1 de diciembre, se han capturado 206 conductores en estado de ebriedad, con más de 73 de ellos detenidos bajo las nuevas disposiciones.
Rodríguez Herrera destacó que la reforma, que impone una «cero tolerancia» al consumo de alcohol al volante, ha tenido un impacto inmediato en las calles del país. «Más de 73 personas fueron detenidas con las nuevas leyes de tránsito y transporte terrestre en nuestro país», explicó el funcionario.
Además, el gobierno salvadoreño ha intensificado sus esfuerzos para asegurar que tanto nacionales como extranjeros cumplan con las nuevas medidas. El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, subrayó que la normativa también se aplica a los visitantes internacionales. «En los puntos de Migración y Extranjería se les está informando a las personas que nos visitan sobre las nuevas reglas. Los extranjeros, al igual que nosotros cuando viajamos, deben ajustarse a las normativas locales», señaló Reyes.
El gobierno también ha implementado controles antidoping en diversas zonas del país, como lo ocurrido en La Joya, sobre la carretera al Puerto de La Libertad, donde dos conductores fueron detenidos. Uno de ellos, conductor de un microbús con 10 pasajeros a bordo, dio positivo con 176 miligramos de alcohol por decilitro en el aire espirado. «Es una irresponsabilidad», comentó el funcionario sobre este incidente.
De acuerdo con la nueva ley, los conductores que sean detenidos por primera vez bajo los efectos del alcohol enfrentan una multa de $150, la suspensión de su licencia por 12 meses, la confiscación de su vehículo y un proceso judicial por conducción peligrosa. Las penas para este delito varían entre 2 y 5 años de prisión. Además, los conductores detenidos pueden enfrentar una detención administrativa de hasta 72 horas, dependiendo de la decisión judicial, y podrían obtener medidas sustitutivas a la prisión.
El gobierno continúa trabajando en la implementación de estas reformas para garantizar una mayor seguridad vial en el país y reducir el riesgo de accidentes causados por la conducción bajo el influjo del alcohol.
