La Asamblea Legislativa aprobó la creación de la Ley Anticorrupción, una normativa que establecerá un marco legal para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción cometidos en el ejercicio de la función pública. Con 22 artículos, la ley busca reforzar la transparencia y la probidad de los servidores públicos mediante medidas claras y contundentes.
Entre sus disposiciones, se actualizarán los criterios para la determinación del patrimonio, promoviendo la colaboración entre diversas instituciones estatales. Asimismo, fomentará la cultura de la información para una efectiva contraloría social, con el objetivo de lograr una mayor integridad en la función pública.
La ley será aplicable a empleados y servidores públicos, así como a agentes de autoridad de cualquier órgano de Gobierno. Para su implementación, se creará el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción, encargado de regular y verificar el patrimonio de los funcionarios. Este sistema estará conformado por 12 instituciones públicas, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil (PNC), la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), entre otras.
Principales disposiciones de la nueva ley
Uno de los aspectos más relevantes de la normativa es la obligatoriedad de que todos los servidores públicos y sus familiares presenten una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta. Esta información será de acceso público, permitiendo que cualquier ciudadano pueda consultar los documentos relacionados.
Asimismo, las penas para los delitos de corrupción se endurecerán y se creará una nueva figura delictiva para sancionar con prisión a los testaferros o «prestanombres». La ley también establecerá un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas de la República, que trabajará en coordinación con la Fiscalía General de la República para reforzar las auditorías y la persecución de delitos relacionados con la corrupción.
Además, se creará el Centro Nacional Anticorrupción dentro de la FGR, el cual utilizará tecnología avanzada para realizar labores de inteligencia y tendrá acceso en tiempo real a bases de datos y registros públicos de propiedades y vehículos, permitiendo detectar actividades sospechosas de manera inmediata.
Participación ciudadana en la lucha contra la corrupción
La ley también contempla un rol activo de la población en la lucha contra la corrupción. De acuerdo con el inciso «G» del artículo 9, cualquier ciudadano podrá presentar denuncias ante el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción si posee pruebas o sospechas fundadas de enriquecimiento ilícito de un funcionario público. Para facilitar este proceso, el Centro Nacional Anticorrupción contará con ventanillas de recepción de denuncias, incentivando la participación ciudadana en la supervisión del uso de los recursos públicos.
Con esta nueva normativa, el país refuerza su compromiso en la lucha contra la corrupción, promoviendo un gobierno más transparente y responsable ante la ciudadanía.
