El equipo de abogados del empresario Enrique Raís continúan denunciando las irregularidades cometidas en el caso en detrimento de su defendido, en esta ocasión, por las acciones del ex magistrado, Ernesto Sánchez Escobar, quien es acusado de usurpar funciones de Cancillería y de evadir cumplir con la justicia.
«En una decisión judicial bochornosa y sin precedentes en el país, la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, dictó la resolución de las 9:05 horas del 27 de julio de 2021, suscrita por los Magistrados propietarios, Dr. Guillermo Arévalo Domínguez y Lic. Carlos Ernesto Sánchez Escobar, dentro del incidente de apelación Inc. 92-2021, en la que ordena notificar sin ser parte en esa causa penal, al Decano de los Representantes de las Misiones Diplomáticas acreditadas en el país”, manifestaron, a través de un comunicado.
Según la defensa del empresario, Ernesto Sánchez, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, removido en el cargo en mayo del presente año, y Guillermo Arévalo Domínguez firmaron una resolución bochornosa y sin precedentes en el país. El Equipo de Defensa indicó que las conductas evidenciadas por ambos Magistrados no cumplen con las garantías de independencia judicial e imparcialidad, debido a dos puntos.
El primero, porque se arrogan funciones judiciales que a la fecha se encuentran bajo control de otras autoridades (Sala de lo Constitucional y Cámara Segunda de lo Penal, por ejemplo).
Mientras que el segundo porque existe un grave conflicto de interés en sus actuaciones recientes, en virtud que la Opinión No. 76/2020 (Enrique Rais-El Salvador) emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria -GTDA- de Naciones Unidas, ha instado a las autoridades competentes del país a realizar una investigación “exhaustiva” e “independiente” sobre las circunstancias de la privación arbitraria de la libertad del Rais.
La defensa del empresario señala que, en la resolución de un incidente de apelación del caso de Rais, los magistrados ordenaron que se notifique de esta decisión a los cuerpos diplomáticos acreditados en el país.
Además, los abogados alegan que esta función, de informar de una decisión judicial a sedes diplomáticas es algo que compete exclusivamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.
