La Asamblea Legislativa de El Salvador cierra su primer año de gestión con una calificación ciudadana de 6.02, apenas por debajo del 6.07 que recibió el año anterior. Aunque estos números podrían interpretarse como una aprobación intermedia, la lectura de fondo revela una percepción crítica de la ciudadanía: para muchos salvadoreños, la Asamblea no representa sus intereses, sino los del presidente o los propios diputados.
Según los datos recogidos en encuestas recientes, 38 de cada 100 salvadoreños afirman que los diputados representan sobre todo al presidente de la República, mientras que 20 de cada 100 creen que votan guiados por intereses personales. Solo una porción minoritaria considera que las decisiones legislativas se toman pensando en las necesidades de la población.
Este fenómeno se da en un contexto de hegemonía legislativa del partido oficialista Nuevas Ideas, que controla la mayoría absoluta del pleno desde las elecciones de 2021. La narrativa de gobernabilidad sin obstáculos, promovida como un signo de eficiencia política, parece tener una contracara: una percepción de subordinación de la Asamblea al Ejecutivo, en lugar de actuar como un contrapeso institucional.
La disolución del contrapeso
El principio de la división de poderes implica que la Asamblea Legislativa funcione como un espacio de deliberación, fiscalización y representación plural de intereses sociales. Sin embargo, lo que sugieren los datos es un desdibujamiento de esta función, al menos desde la óptica de la ciudadanía. En lugar de ser vista como una caja de resonancia del pueblo, la Asamblea es percibida como una extensión del Ejecutivo o, peor aún, como una arena para beneficios individuales.
Este juicio popular no se explica únicamente por la composición política del parlamento, sino también por el estilo de gobernar que se ha instaurado: votaciones exprés, falta de debate público, y escasa rendición de cuentas, incluso en decisiones de alto impacto como el presupuesto nacional, reformas constitucionales o reconfiguración de instituciones clave.
Entre confianza y crítica
La calificación de 6.02 podría interpretarse como una suerte de «aprobación tibia», un punto medio entre el desencanto y la aceptación resignada. No hay una condena abierta a la Asamblea, pero tampoco hay entusiasmo. Esta percepción puede estar influida por el contexto de seguridad —donde muchas decisiones legislativas han sido justificadas por la implementación del régimen de excepción—, así como por una narrativa oficialista que asocia oposición política con obstruccionismo.
Sin embargo, el dato de que uno de cada cinco salvadoreños cree que los diputados actúan por interés propio es un llamado de alerta. La representación democrática pierde legitimidad cuando se percibe que quienes legislan no responden ni a sus electores ni al interés general.
