La Asamblea Legislativa actualizó este lunes el índice de información reservada de su portal de transparencia, dentro de ellos incluye 20 aspectos de reserva de información. Algunos de los expedientes reservados son: licitaciones públicas, contrataciones directas, órdenes de compra, acuerdos de Presidencia y junta directiva, planillas de pago de salarios, informes de auditoría interna entre otros.
Una de las reservas con más duración es la de la Dirección General de Protocolo y Relaciones Internacionales, puesto que ocultará por siete años (el máximo que permite la ley) documentos sobre itinerarios de vuelos de misiones oficiales designadas por acuerdo de Junta Directiva, asistencias de viajes (seguro de viajes) a diputados/as y empleados/as de esa institución, así como las carpetas técnicas para la realización de misiones oficiales.
“Si las misiones oficiales son para asuntos meramente legislativos, no tienen por qué ser escondidos. La Asamblea Legislativa estaría usando la misma dinámica del Ejecutivo de ocultar la información, de negar el acceso a los salvadoreños y yo diría son peor que lo que tanto criticaron”, expresó, Marleni Funes, FMLN.
Johnny Wright, de Nuestro Tiempo, considera que es “un grave retroceso” en materia de transparencia para la Asamblea Legislativa y que le parece una mala decisión por parte de la Junta Directiva. “No se me ocurre una tan sola cuenta o aspecto de la Asamblea Legislativa que tendría que ser declarada reservada. Enfatizo es un lamentable retroceso”, expresó el diputado, Wright.
Los plazos de las reservas son de 3, 4 y 7 años, como el caso de la planilla de pago de salarios y otras prestaciones, así como documentos que contengan extractos de ellas, con diferentes argumentos. “Queda reservada toda esta información porque pone en peligro evidente la vida, seguridad o la salud de cualquier persona. Y podría generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero”, explica la Asamblea en su portal de transparencia.
Ante esto, el coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac), Wilson Sandoval, lamentó que detrás de estas reservas de información se viola el derecho de los salvadoreños a conocer qué se hace con sus impuestos.
Esta acción de ocultar información riñe con la promesa de los diputados oficialistas de combatir la corrupción y la opacidad en el seno del Legislativo. Lejos de abrir las puertas a la rendición de cuentas y la contraloría ciudadana, emulan una de las prácticas más comunes de los actores políticos del pasado: reservar información sin justificación.
Los Defensores del derecho a la información cuestionaron esta acción y señalaron que vulnera derechos constitucionales y atenta contra la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). El presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz, consideró que “no solo es un retroceso, sino que es una vulneración a nuestros derechos constitucionales como ciudadanos: el derecho a informarnos, el derecho a escrutar, el derecho a identificar información relevante, derechos de contenido fundamental”, explicó, Humberto Sáenz.
