Este martes, con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la vigésima octava prórroga del régimen de excepción, manteniendo suspendidos los derechos constitucionales especificados en los artículos 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución de la República.
El Ministerio de Justicia y Seguridad destacó que durante el periodo de excepción, que ya acumula más de 655 días, no se ha registrado ningún homicidio en el país. Además, informaron que se han realizado más de 81,100 capturas, incluyendo a líderes principales de grupos pandilleriles.
Los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados han prolongado mes a mes este régimen excepcional, respaldados por el artículo 29 de la Constitución que permite la suspensión de garantías en casos de graves perturbaciones del orden público, con una duración inicial de hasta 30 días, prorrogables si persisten las circunstancias que lo motivaron.
El gobierno ha argumentado la necesidad de mantener estas medidas para fortalecer las operaciones de inteligencia policial y militar, dirigidas a combatir las organizaciones criminales responsables de altos índices delictivos, considerándolas como la principal amenaza para el Estado.
Sin embargo, organizaciones como el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) han reportado preocupaciones sobre el uso del régimen de excepción, señalando casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo denuncias de más de 6,000 violaciones durante el último mes. Además, han documentado 305 muertes de personas detenidas bajo estas circunstancias, incluyendo recientemente el fallecimiento de una mujer en el centro penal de Apanteos, Santa Ana.
El debate sobre la efectividad y las consecuencias de prolongar este régimen excepcional continúa generando polémica y preocupación dentro y fuera del país, mientras persisten los esfuerzos por equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos individuales y las garantías constitucionales.
