Miembros de la Junta Directiva de los afectados por el millonario fraude en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (COSAVI) presentaron este martes un escrito dirigido al comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán. En el documento, solicitaron su intervención para garantizar la tutela de sus derechos humanos fundamentales, como la salud, la vida y el acceso a la información, que aseguran han sido violentados debido a la falta de respuestas por parte de las instituciones del Estado.
Impacto humano del fraude
Juan José Ortiz, representante de los afectados, denunció que las consecuencias del fraude han causado un profundo impacto en los afectados, incluyendo el fallecimiento de tres personas debido al estrés y la incertidumbre financiera.
“Esta cifra puede aumentar si las instituciones no responden a nuestro caso. Además de los derechos económicos, se han violentado derechos fundamentales como la salud y la vida”, afirmó Ortiz.
Ortiz también criticó la falta de acceso a información sobre el caso, pues la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) declaró en reserva los datos relacionados al fraude por un período de siete años, lo cual calificó como una violación al derecho de acceso a la información pública.
Falta de acción y transparencia
El abogado de los afectados, Rudy Joya, cuestionó la opacidad de la SSF y el manejo de los fondos. “No hay explicación sobre por qué la Superintendencia administra la cooperativa en lugar de permitir que funcione de manera autónoma. Además, el proceso de entrega de fondos es arbitrario y discriminatorio, afectando principalmente a adultos mayores y personas con enfermedades crónicas que necesitan sus ahorros para vivir dignamente”, señaló Joya.
Joya hizo un llamado a establecer una mesa de diálogo con la Fiscalía General de la República (FGR), la SSF y los afectados para garantizar la transparencia en el proceso de devolución de fondos.
Exigen acción del comisionado Guzmán
Los afectados lamentaron que, tras casi seis meses en el cargo, el comisionado Guzmán no haya abordado el caso. “Hoy queremos que conozca nuestra situación, que se pronuncie y que actúe para proteger nuestros derechos. Si en El Salvador se respetan los derechos humanos, esta petición debe ser atendida”, expresó Ortiz.
La última entrega de fondos por parte de la SSF, de $25,000, se realizó el 17 de septiembre. Desde entonces, no ha habido avances públicos en el caso, dejando a los afectados en incertidumbre total.
Los afectados reiteraron su llamado urgente al comisionado para que intervenga y garantice una solución justa y transparente que permita a los afectados recuperar sus ahorros y estabilizar sus vidas.
