La violencia laboral contra las mujeres en El Salvador continúa siendo una problemática invisibilizada, a pesar de contar con un marco jurídico que busca prevenirla y sancionarla. Así lo advierte Jaime Solís, experto en Derecho Laboral, quien señala que la brecha entre la ley y la realidad sigue siendo profunda y preocupante.
Solís, trae a cuenta un reciente estudio de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) que reveló que ocho de cada diez mujeres que sufrieron violencia en el trabajo no buscaron asesoría legal. Para el experto, el dato evidencia el temor, la desconfianza institucional y la falta de garantías efectivas que enfrentan muchas trabajadoras.
“El marco legal salvadoreño contempla diversas leyes para proteger a las mujeres contra la violencia laboral”, explica Solís. Entre ellas se encuentra la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), aprobada en 2011, la cual define la violencia laboral como un acto repetido de agresión en el entorno laboral. No obstante, tras una reforma en 2019, se incluyó que un solo acto de gravedad, como una agresión sexual o un despido discriminatorio, también pueda considerarse como tal.
Además, el Código de Trabajo salvadoreño regula explícitamente el acoso laboral y sexual, estableciendo la obligación de los empleadores de prevenir y erradicar cualquier tipo de maltrato. A esto se suma el Código Penal, que tipifica el acoso sexual y establece sanciones severas, especialmente cuando el agresor tiene una posición de poder jerárquico sobre la víctima.
A pesar de este marco normativo, muchas mujeres optan por el silencio ante el temor de ser despedidas o sufrir represalias mayores. “La dependencia económica, la falta de medidas de protección inmediatas, y la normalización del acoso en entornos laborales machistas contribuyen a que las agresiones no se denuncien”, sostiene el jurista.
Según Solís, este fenómeno crea un círculo vicioso: la falta de denuncias mantiene la violencia laboral en la sombra, lo que permite que los agresores permanezcan impunes y que las trabajadoras continúen desprotegidas.
Propuestas de reforma
Para enfrentar esta realidad, Solís plantea varias propuestas legislativas y estructurales. Una de las más relevantes es la creación de un fuero laboral que proteja a las trabajadoras que presenten denuncias por violencia laboral, impidiendo su despido mientras dure el proceso de investigación. Esta medida, afirma, brindaría seguridad jurídica y emocional a las víctimas para que puedan alzar la voz sin miedo a represalias económicas.
También propone la inclusión de medidas cautelares, como la separación temporal del agresor del entorno laboral de la víctima, lo que garantizaría la integridad física y psicológica de la trabajadora mientras se resuelve el conflicto.
Además, sugiere incentivos para las empresas que implementen políticas internas de prevención del acoso y que promuevan entornos laborales seguros, como la certificación de buenas prácticas laborales con enfoque de género.
Finalmente, Solís subraya la importancia de una transformación cultural en los lugares de trabajo y de una mayor educación en derechos laborales. “No basta con tener leyes; es fundamental que las trabajadoras conozcan sus derechos y confíen en que serán protegidas si denuncian. Solo así avanzaremos hacia una sociedad verdaderamente libre de violencia y discriminación en el ámbito laboral”, concluye.
