El Departamento de Justicia en Estados Unidos, manifestó por medio de un comunicado el establecimiento de una línea de denuncias para apoyar a la Fuerza de Tarea Anticorrupción que combate la corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras
“Conforme reconoció la Vice Presidenta durante su visita a Guatemala a principios de año, la corrupción y la impunidad en la región debilitan la democracia, incentivan la migración, y representan una amenaza a la seguridad nacional toda vez que sostienen las organizaciones criminales y los crímenes transnacionales,” dijo el Sub-Procurador General de la División Criminal del Departamento de Justicia, Kenneth A. Polite Jr.
El Departamento de Justicia ha creado una Fuerza de Tarea de Anticorrupción enfocada en El Salvador, Guatemala, y Honduras con representantes de los siguientes componentes de la División Criminal:
-La Unidad de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de la División de Fraude (FCPA por sus siglas en inglés), la cual ejecuta los estatutos criminales que generalmente prohíben a ciertas personas – incluyendo a individuos y compañías de los E.U., compañías extranjeras que mercadean acciones en la bolsa de valores de E.U., y personas que no son ciudadanos de E.U., pero que llevan a cabo actos de corrupción en E. U. – de pagar sobornos fuera de E.U. para obtener o retener negocios.
-La Iniciativa de Cleptocracia y Recuperación de Activos de la Unidad Internacional de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS por sus siglas en inglés), la cual está enfocada en recuperar activos vinculados a la corrupción extranjera y procesar criminalmente el lavado de dinero (blanqueo de capitales), especialmente cuando el capital de la corrupción es encontrado en Estados Unidos o fue obtenido o transferido a través del abuso del sistema financiero de los E.U.; y
-La Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NDDS por sus siglas en inglés), la cual ejecuta las leyes federales de narcóticos en contra de la manufactura, importación y distribución de drogas ilegales dentro y fuera de los Estados Unidos y el lavado de las ganancias y capital que promueve o facilita el tráfico de narcóticos, incluyendo la corrupción resultante del tráfico de narcóticos.
