El Tribunal Supremo Electoral (TSE) estudia los términos para establecer un convenio con el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), la Dirección General de Migración y Extranjería y Cancillería para “un efectivo apoyo interinstitucional”, aseguró la magistrada presidenta del Tribunal, Dora Martínez de Barahona.
La jueza electoral añadió que los encuentros institucionales iniciaron el pasado 17 de enero de 2023 como “un trabajo articulado junto a instituciones del Estado” que pretende según la funcionaria fortalecer el Plan General de Elecciones (Plagel) para los comicios de voto en el exterior.
En dicho encuentro participó, además, el titular de la Secretaria de Innovación de la Presidencia, Daniel Méndez.
La ley especial del sufragio en el extranjero obliga al TSE a construir un registro electoral con base a los datos de los Documentos Únicos de Identidad (duis) emitidos por el RNPN y con base en los pasaportes emitidos por la Dirección de Migración y Extranjería, y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El registro que se construye debe ser auditado por una firma contratada por el TSE, que verifique los datos y la identidad de cada uno de los inscritos.
El magistrado Julio Olivo ha dicho que el TSE aún no tiene criterios de contratación para la firma auditora ni para la empresa que ejecutará la implementación del voto electrónico.
