El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador ha programado para el próximo 21 de febrero la lectura del fallo en el caso que involucra al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien enfrenta cargos por el delito de incumplimiento de deberes en el pago de cuotas laborales. Este caso también involucra a otros exfuncionarios municipales, entre ellos el exdirector de Finanzas, Santos Omar Muñoz; el extesorero, Fernando Portillo; y el exrepresentante legal de Desechos Sólidos, Francisco Chacón.
Este martes, se convocó a una nueva audiencia para determinar si la Fiscalía General de la República (FGR) logró obtener la certificación de un documento clave solicitado por el exdirector de Finanzas, el cual debía ser incorporado como prueba en el juicio. Según el abogado Jacobo Nolasco, defensor de Muñoz, la titularizadora de seguros respondió que el documento en cuestión, que certificaba a la Alcaldía con un “grado A” por su gestión, se encontraba en poder de la Superintendencia del Sistema Financiero. En consecuencia, el Tribunal decidió solicitar el oficio correspondiente para que el documento sea remitido.
Este documento, que la defensa argumenta prueba el manejo adecuado de la comuna, se considera un elemento crucial para la resolución del caso. El Tribunal indicó que la Fiscalía deberá remitir la certificación durante el receso antes de que se emita una resolución sobre el caso.
Tras esta audiencia, los jueces del Tribunal dieron por concluida la vista pública del caso, que ha estado en proceso durante varias semanas. Los acusados enfrentan cargos de incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, relacionados con el impago de prestaciones laborales y el manejo de recursos públicos.
Aunque la lectura del fallo está programada para el 21 de febrero, los jueces advirtieron que la fecha podría ser modificada debido a la gran cantidad de documentación que debe ser revisada antes de emitir una sentencia o absolución.
La semana pasada se presentaron los alegatos finales, con la réplica de la Fiscalía. La FGR solicitó una condena de 22 años de prisión para los involucrados, 16 años por incumplimiento de deberes y 6 años por el delito de retenciones tributarias. En su última intervención, el exalcalde Muyshondt denunció presiones por parte de la Fiscalía para que los tres procesados presentaran testimonios falsos.
La denuncia de impago de prestaciones laborales fue presentada por la Fiscalía General de la República, que señaló a la Alcaldía de San Salvador y a la Dirección de Desechos Sólidos por el incumplimiento de sus obligaciones y el manejo indebido de fondos tributarios.