Los empresarios del transporte público de pasajeros han obtenido un plazo de 18 meses para reemplazar las unidades que alcanzaron los 20 años de antigüedad entre 2019 y 2023. Esta medida es parte de las disposiciones transitorias aprobadas por la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa.
El dictamen, titulado «Disposiciones transitorias para la sustitución de vehículos, refrenda de permisos, cambio de concesionarios y permisionarios, ampliación de plazo de contratos de concesión y adopción de medidas provisionales», fue aprobado recientemente y se espera que sea ratificado por el pleno este martes.
El proyecto recibió el apoyo de los partidos Nuevas Ideas y el Partido de Concertación Nacional (PCN), mientras que la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se abstuvo de votar.
Antes de la aprobación del dictamen, la comisión recibió al viceministro de Transporte, Nelson Reyes, y al director general de Transporte, Ismael Flores. Ambos respaldaron la iniciativa de Nuevas Ideas y aclararon que el objetivo no es prolongar la vida útil de las unidades antiguas, sino proporcionar un tiempo razonable para que los empresarios puedan obtener o buscar los recursos necesarios para reemplazar las unidades.
Reyes informó que desde 2019 se han renovado aproximadamente 2,000 unidades de transporte público, lo que representa el 21.7% del total de autobuses y microbuses. Según el Registro Público de Vehículos Automotores, hasta mayo de 2023, se han registrado 9,979 unidades, incluyendo autobuses y microbuses.
La propuesta también incluye una cláusula que permite al VMT adoptar medidas provisionales, como declarar la prestación del servicio de transporte público de pasajeros como una urgencia nacional, gestionar la adquisición de vehículos, prestar el servicio directamente y asignar permisos provisionales en rutas necesarias.
La diputada Marleni Funes, del FMLN, criticó la medida, argumentando que no se trata de nacionalización, sino de declarar una emergencia que permitiría otorgar concesiones a discreción. Funes también cuestionó los permisos ya otorgados y criticó la creación de las rutas 40 y 50, que reemplazan a las rutas 42 y 152, generando incertidumbre y proporcionando un servicio deficiente.
