Más de 170,000 salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) enfrentan incertidumbre ante el vencimiento del programa, previsto para el próximo 9 de septiembre en Estados Unidos.
La finalización del beneficio dejaría a los beneficiarios sin autorización de trabajo y expuestos a procesos de deportación. Organizaciones de inmigrantes aseguran que el temor ha aumentado entre la comunidad salvadoreña conforme se acerca la fecha límite.
El TPS fue otorgado a los salvadoreños en 2001, tras los terremotos que afectaron al país. Durante el primer mandato de Donald Trump, su Gobierno intentó cancelarlo, pero la medida fue frenada por los tribunales.
Ahora, con Trump nuevamente en la Casa Blanca, organizaciones como la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL) y la Alianza TPS buscan que el Congreso intervenga para evitar la pérdida de la protección.
Los beneficiarios también reclaman una vía permanente para regularizar su situación migratoria. Mientras tanto, crece la preocupación entre miles de familias salvadoreñas que podrían quedar en riesgo de deportación si el TPS expira en septiembre.
