Los diputados de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia han respaldado una iniciativa del Gobierno que busca reformar el Código Penal con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción en El Salvador. Los cambios propuestos buscan actualizar el marco jurídico del país para alinearlo con las exigencias del Derecho Internacional y aumentar las penas para quienes cometan delitos de corrupción.
Entre las principales modificaciones, se incluye el incremento de las penas de prisión para funcionarios y empleados públicos de los tres órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como para personas particulares que incurran en actos de corrupción. Además, se propone una elevación de las sanciones económicas y el aumento del periodo de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Una de las reformas más destacadas es la creación de nuevos tipos penales, como el enriquecimiento ilícito, cuya acción penal será independiente, pudiendo iniciarse sin necesidad de que exista un requisito previo de responsabilidad civil.
Los cambios también incluyen una redefinición de conceptos claves como “administración pública” y “servidor público”, incorporando a todos los órganos del Estado, incluyendo entidades autónomas y municipales. Asimismo, se plantea la modificación de varios artículos que aumentan las penas para delitos específicos de corrupción, como peculado, cohecho, malversación y exacción.
El delito de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, se vería castigado con penas de cinco a 15 años de prisión, y se podrá iniciar una acción penal incluso después de que la persona se haya desvinculado de la administración pública, siempre y cuando el incremento patrimonial haya sido generado en relación con su cargo.
Además, la reforma introduce nuevos delitos relacionados con la corrupción, como el ocultamiento de bienes producto de actos corruptos y las represalias contra quienes denuncien estos hechos.
La propuesta será llevada a votación en el pleno legislativo, con la esperanza de reforzar el marco legal y enviar un mensaje claro contra la corrupción en el país.
