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Organizaciones internacionales en busca de justicia para los presos políticos del país

Este día las Organizaciones internacionales expresaron preocupación por medio de un comunicado de los presos políticos del país, quienes fueron capturados por las autoridades salvadoreñas el pasado 22 de julio.

“Nosotras, las organizaciones internacionales firmantes, en defensa de los derechos humanos, expresamos nuestra profunda preocupación ante la detención de los y las ex-funcionarias e integrantes del Consejo de Ministros de los gobiernos del FMLN, Violeta Menjívar, Erlinda Hándal, Calixto Mejía, Hugo Flores y Carlos Cáceres por las autoridades salvadoreñas el pasado 22 de julio, así como por las órdenes de captura emitidas contra cinco exfuncionarios de esa administración, Lina Pohl, Guillermo López Suárez, Gerson Martínez, Manuel Melgar y el expresidente Salvador Sánchez Cerén”, indica el comunicado.

Según las organizaciones el Gobierno de El Salvador ha vulnerado los derechos constitucionales al derecho de defensa, ya que los actuales presos politicos, fueron arrestados sin haberles mostrado una orden de detención y a quienes se les obstaculizó el acceso a sus abogados en el momento de su captura.

“Rechazamos enérgicamente las intenciones del presidente Bukele de retroceder a los días oscuros de la detención arbitraria y la represión estatal. Su iniciativa de duplicar las filas de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) y darles otra vez una gestión política en el país vulnera de manera profunda los principios y los compromisos de los Acuerdos de Paz, negando el sacrificio de miles de personas que arriesgaron y ofrendaron sus vidas para conquistarlos” añaden.

Además, hicieron un llamado a la administración del mandatario Nayib Bukele, a cesar sus «amenazas, detenciones arbitrarias, hostigamiento, violencia y persecución en contra» de los movimientos populares de oposición.

“Del mismo modo, hacemos eco de las demandas realizadas por el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) a la Dirección General de Centros Penales para que las personas detenidas tengan acceso a la salud, a la visita de sus familiares y derecho a defensa”, afirman.