La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que abre la posibilidad de que las elecciones presidenciales se celebren en 2027, antes del fin del actual mandato del presidente Nayib Bukele, previsto para 2029. La iniciativa, impulsada por la mayoría oficialista, fue rechazada por los partidos de oposición, que advierten sobre un debilitamiento del orden democrático y la concentración del poder en el Ejecutivo.
La reforma plantea unificar los comicios presidenciales, legislativos y municipales en un solo ciclo electoral. Para entrar en vigencia, el cambio deberá ser ratificado por la próxima legislatura, como establece la Constitución salvadoreña. Sin embargo, se prevé que la actual Asamblea, controlada por Nuevas Ideas y sus aliados, avale la propuesta sin mayores obstáculos.
Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. La diputada Marcela Villatoro, del partido ARENA, calificó la medida como “inconstitucional y antidemocrática”, y lamentó que se haya aprobado “sin consulta, de forma burda y cínica”. “Hoy ha muerto la democracia en El Salvador”, declaró ante la prensa, acusando al oficialismo de eliminar contrapesos institucionales y facilitar la concentración de poder en la figura presidencial.
En términos políticos, la reforma reconfigura el calendario electoral y deja abierta la posibilidad de una nueva postulación de Bukele, pese a que su mandato actual concluiría en 2029. La eventual candidatura, sin necesidad de renunciar al cargo, fue viabilizada previamente por una resolución de la Sala de lo Constitucional emitida en 2021, luego de ser reestructurada por una mayoría parlamentaria afín al Ejecutivo.
El mismo día en que se aprobó la reforma, la Asamblea también se preparaba para discutir una nueva prórroga del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. De ser aprobada, sería la extensión número 41 de esta medida excepcional, aplicada bajo el argumento de combatir estructuras criminales, principalmente pandillas. Aunque el gobierno ha destacado una reducción sostenida en los índices de violencia, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por presuntas violaciones a garantías fundamentales durante su aplicación.
En una declaración reciente, el presidente Bukele respondió a las críticas sobre el rumbo institucional del país. “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador”, dijo en un evento público en junio, donde también puso en duda el valor de conceptos como democracia o transparencia, calificándolos de mecanismos impuestos “para someternos”.
Desde su llegada al poder en 2019, Bukele ha promovido una serie de reformas que han redefinido el balance de poder entre los órganos del Estado. Observadores nacionales e internacionales han señalado una tendencia hacia el debilitamiento de la independencia judicial y la centralización del poder político.
Con la reforma aprobada este jueves, se institucionaliza un nuevo esquema electoral que podría fortalecer la continuidad del proyecto político del oficialismo, en un contexto en el que los contrapesos democráticos se han visto cada vez más reducidos. La ratificación de esta enmienda constitucional en los próximos meses marcará un nuevo capítulo en la transformación del sistema político salvadoreño.
