Con el objetivo de incentivar la inversión privada y fortalecer la matriz energética nacional, la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa dictaminó favorablemente la creación de la Ley de Energía Geotérmica, que regulará la prospección, exploración y explotación de recursos geotérmicos en El Salvador para su aprovechamiento sostenible, ya sea en la generación eléctrica o en otros usos directos.
El proyecto establece que la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) será la autoridad encargada de supervisar, fiscalizar y regular todas las actividades vinculadas a la geotermia, incluyendo la aprobación de concesiones y la actualización del marco normativo antes de su envío a la Asamblea Legislativa.
Para realizar actividades de prospección, exploración o explotación, los interesados deberán solicitar un permiso y registro ante la DGEHM, respetando limitaciones en áreas con derechos vigentes, zonas protegidas o terrenos privados, salvo que cuenten con autorización escrita de los propietarios.
Durante el análisis del proyecto, los diputados recibieron al titular de la DGEHM, Daniel Álvarez, quien destacó que la normativa permitirá atraer inversión, generar empleos, garantizar precios estables en el suministro eléctrico y avanzar hacia la independencia energética. “El propósito es que inversionistas nacionales o extranjeros propongan proyectos de uso directo o de generación eléctrica”, afirmó. Álvarez añadió que el Estado seguirá desarrollando campos geotérmicos, pero que la demanda actual supera su capacidad, por lo que la participación privada se vuelve estratégica.
Por su parte, la diputada Elisa Rosales señaló que la iniciativa responde a la visión del presidente Nayib Bukele de diversificar la matriz energética del país. Durante su gestión, la producción de energía baja en carbono pasó del 59 % en 2018 al 83 % en 2024. Rosales indicó que actualmente la geotermia representa cerca del 23 % de la matriz energética, y que con los nuevos incentivos se espera fortalecer aún más este porcentaje. “Se trata de una apuesta que impulsa el desarrollo sostenible y reducirá costos para los salvadoreños”, enfatizó.
Contenido clave de la ley
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La DGEHM será responsable de promover, regular y supervisar la prospección, exploración y explotación de recursos geotérmicos, así como de elaborar políticas públicas, programas de fomento y normas que garanticen seguridad y sostenibilidad.
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Los permisos de prospección deberán incluir la ubicación, extensión del área, actividades previstas y compromisos de información. La DGEHM resolverá las solicitudes en un plazo máximo de 10 días hábiles.
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Las autorizaciones de exploración requerirán información técnica, financiera y ambiental del proyecto, y la resolución se emitirá en un plazo de 45 días hábiles.
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La explotación de recursos geotérmicos requerirá una concesión aprobada por la Asamblea Legislativa, otorgando derechos exclusivos sobre el recurso, independiente de la propiedad superficial del terreno. Los concesionarios extranjeros deberán constituir sociedades en El Salvador y cumplir obligaciones técnicas, ambientales y financieras.
Incentivos fiscales
La ley contempla beneficios fiscales para proyectos nuevos o ampliaciones de centrales geotérmicas, como:
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Exención total de aranceles de importación por 10 años para maquinaria y materiales del proyecto.
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Exención del Impuesto sobre la Renta durante 10 años sobre ingresos por generación de energía geotérmica y venta de certificados de energía renovable.
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Deducción fiscal de costos de reinyección geotérmica e inversión en infraestructura eléctrica.
Sanciones
La DGEHM podrá imponer sanciones por incumplimiento, clasificadas en graves y muy graves. Entre las graves se incluyen la prospección sin permiso o la falta de informes, con multas de 5,000 a 7,500 salarios mínimos. Las muy graves, como explotar sin concesión o no reportar fallas, tendrán multas de 7,501 a 10,000 salarios mínimos.
Con esta ley, El Salvador busca consolidar la geotermia como pilar de su matriz energética, atraer inversión privada y avanzar hacia un desarrollo sostenible con precios eléctricos más competitivos para la población.
