En el informe anual sobre derechos humanos de la Embajada de Estados Unidos en Managua, Nicaragua en donde el presidente, Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, son constantemente criticados por mantener un sistema político “centralizado y autoritario”, debido a que ejercen un control total sobre las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y electoral.
Entre esas críticas resaltan las restricciones a la libertad de expresión y prensa; además, que pone en peligro la estabilidad, la seguridad jurídica y operativa de las empresas centroamericanas, como resultado de las dinámicas gubernamentales de expropiación al margen de la ley sin restitución, debido al control del Gobierno de Ortega sobre todas las instituciones.
Además, las restricciones a la libertad de expresión, prensa, discurso, “violencia, acoso o difamación” contra periodistas independientes, y “censura o restricciones de contenidos” a medios no oficialistas.
Recientemente, uno de los afectados por este tipo de dinámicas, Carlos Fernando Chamorro, Periodista, director de Confidencial, a través de una entrevista dio a conocer que, la empresa que representa fue una de las “confiscadas” en dicho país manteniendo por más de dos años policías, luego pasó a ser una clínica de maternidad que, en realidad no cumple su función y que sigue bajo la custodia de policías armados.
“Lo mismo hicieron con el canal de cable 100 % Noticias, lo convirtieron en una clínica para adicciones de alcohol y en la sede del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, hicieron lo mismo, la confiscaron y la convirtieron en un centro de salud, expresó Chamorro.
La historia se repite en la empresa de origen guatemalteco Tomza establecida en Nicaragua y que los últimos meses, la empresa fue custodiada por la Policía Nacional, bajo una dinámica gubernamental aplicada a otras empresas privadas que han sido expropiadas por el Gobierno de Ortega.
Las autoridades de la empresa envasadora de gas licuado, este es un hecho sin precedentes y sin cumplimiento de los procesos establecidos por las mismas leyes de dicho país y se muestran preocupados por la continuidad y protección laboral de cientos de empleados de la empresa quienes, a través de los años de operar en Nicaragua, han sacado adelante la producción, obteniendo resultados que ahora será un beneficio directo para el Estado.
