El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, instó al Gobierno a que la próxima reforma al sistema de pensiones incluya al sector informal de la economía, y no solo a los empleados formales. La petición se hizo pública durante la homilía conmemorativa del 46º aniversario de la muerte de san Óscar Arnulfo Romero, el pasado 24 de marzo.
“Conviene que se trabajen las reformas de las pensiones para ofrecer pensiones dignas y vitalicias no solo al sector formal sino para el sector informal”, señaló Escobar, haciendo un llamado a la equidad social en la seguridad previsional. Actualmente, solo quienes cotizan en el sector formal —ya sea en instituciones estatales o empresas privadas— reciben beneficios jubilatorios.
El Gobierno salvadoreño proyecta aprobar este año una reforma pensional basada en el estudio actuarial publicado en diciembre de 2025. Originalmente, la propuesta debía presentarse antes del 10 de febrero de 2026. La reforma busca, entre otros objetivos, aumentar la cobertura previsional, especialmente en un país donde más de 779,000 trabajadores —el 45.2 % de la fuerza laboral— laboran en el sector informal, según la Unidad de Inteligencia del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS). Esta tasa de informalidad coloca a El Salvador en el undécimo lugar a nivel mundial.
Como parte de los esfuerzos por formalizar la economía, el Gobierno aprobó recientemente reformas a la Ley de fomento, protección y desarrollo de la micro y pequeña empresa (MYPE), que obligan a estas unidades económicas a declarar sus ingresos para mantener acceso a registro y facilidades crediticias.
El estudio actuarial también advierte sobre la sostenibilidad del sistema: estima un déficit previsional equivalente al 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) para 2024-2070, proyecta el agotamiento de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) en 2029 y alerta sobre la rápida disminución de los fondos en las cuentas individuales de los jubilados a partir de 2024.
Actualmente, el sistema de pensiones salvadoreño opera bajo dos regímenes: el privado, administrado por las AFP, con 2.1 millones de afiliados activos y 137,000 jubilados —el 57 % de estos recibe una pensión de $400— y el público, con solo 1,400 cotizantes frente a 86,500 jubilados, que depende casi exclusivamente de subsidios estatales. Hasta diciembre de 2024, los ahorros de los afiliados privados sumaban $15,836.8 millones, de los cuales el 73 % se encuentra invertido en instrumentos del Estado para financiar el pago de pensiones públicas.
La reforma que impulsa el Ejecutivo busca equilibrar estos sistemas y ampliar la cobertura a sectores históricamente excluidos, en un contexto en el que la inclusión financiera y laboral se perfila como un paso clave hacia la sostenibilidad social y económica del país.
