El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador envió a juicio al expresidente salvadoreño, Carlos Mauricio Funes Cartagena, acusado de recibir una avioneta a cambio de entregar la licitación del puente San Isidro, sobre el río Lempa, en 2013. El juzgado informó que se ratifica la orden de captura que ya pesa sobre Funes.
A la entrega de la resolución de la audiencia preliminar, solo llegó la representación de la Fiscalía General de República, ya que la defensa pública de Funes no compareció.
La prueba que se ventilará en la vista pública no fue informado a la prensa, ya que el juzgado, la Fiscalía y prensa institucional de la Corte Suprema de Justicia se negó a dar información.
Este caso inició en diciembre 2020, cuando la Fiscalía General de la República acusó a Funes y giró la séptima orden de captura contra él, contra el empresario José Miguel Menéndez “Mecafé” y del guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía, este último acusado de cohecho activo (soborno).
Según las investigaciones fiscales, Funes entregó la adjudicación del proyecto de diseño y construcción del puente San Isidro, en 2013 a la empresa guatemalteca Servicios Calificados de la Construcción S.A. (SERDELCO S.A.) por $8,487,716.94. Dicho puente conectaría el municipio de San Pablo Tacachico, La Libertad, con Nueva Concepción, Chalatenango.
A cambio habría recibido un avión modelo King Air para uso de él y del empresario “Mecafé”, donde viajaron con sus familias a Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Guatemala.
Funes es procesado en ausencia, luego que la Asamblea Legislativa aprobara una reforma al Código Procesal Penal que permite continuar los procesos penales para reos ausentes.
El exmandatario salvadoreño reside en Nicaragua desde 2016, donde encontró refugio en el régimen de Daniel Ortega, donde ahora es nacionalizado junto a su núcleo familiar.
Sobre él pesan al menos siete órdenes de capturas por igual número de procesos penales, el más grande, el desvío de $351 millones de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial a cuentas personales, para gastos superfluos.
