Los abogados penalistas, Salvador Nelson García Córdova y Luis Mario Pérez Bennett, interponer un Aviso Penal ante la Fiscalía General de la República, con el fin de investigar la presunta comisión de delitos por parte de los Miembros de la Junta Directiva del Banco Cuscatlán de El Salvador S.A. por falsear la verdad financiera de dicha entidad bancaria.
Los abogados se hicieron acompañar por José Antonio Vega Castañeda, representante legal de “Quimagro S.A. de C.V., quienes expresan que la entidad bancaria no cumplió con las obligaciones legales, y omitió toda la verdad en las publicaciones de sus Estados Financieros de los años 2020 y 2021.
Los Abogados García y Pérez Bennett, también solicitan investigar la legalidad o ilegalidad de la Fusión Bancaria que le dio vida al Banco Cuscatlán, dados presuntos incumplimientos legales en ese traspaso mercantil.
Los profesionales expusieron que “con la falsedad ideológica, por la omisión de información relevante y exigida legalmente en sus Estados Financieros, el Banco Cuscatlán estaría infringiendo disposiciones legales que regulan la materia bancaria; entre otras, violación a las leyes del Banco Central de Reserva, de la Superintendencia del Sistema Financiero y de la Ley de Protección al Consumidor, a más de buena fe de la población”, en base a esto, solicitan al Señor Fiscal General que determine si sus Directivos han cometido el Delito de Falsedad Ideológica por comisión por omisión, entre otros delitos posibles.
Antecedentes
La batalla legal de la empresa QUIMAGRO S.A. de C.V. y el ahora Banco Cuscatlán, que duró más de una década, es una deuda millonaria que el banco no ha querido pagar y por la cual ya se encuentra en mora y que, a pesar de todo, ahora deberá hacer efectivo, luego que la Sala de los Constitucional resolviera, que este último, pague.
Esto inició desde 1996 y se vio envuelto por los procesos de venta que sufrió, en primer lugar, el Banco de Comercio que pasó a ser Scotiabank y luego al Banco Cuscatlán, transición, que, en algunas ocasiones, omitió este litigio dentro de los informes de memoria de labores perteneciente a estas instituciones y que ahora su propietario es un empresario millonario de Honduras.
El 15 de abril de 2013, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia definitiva en la que “declara terminado el convenio de intervención financiera y administrativa celebrado el 28-08-1984 y condena al banco demandado al pago de una indemnización por daños y perjuicios a QUIMAGRO, S.A. de C.V. y a ejercer su liquidación en juicio ordinario”.
