El Gobierno de Guatemala anunció la finalización del primer censo de población reclusa en el país, que suma casi 24.000 reos, incluidos 2.545 pandilleros, una medida implementada tras una serie de fugas y motines en los últimos meses.
El ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, confirmó en rueda de prensa que el registro biométrico y digital cubrió las 24 prisiones del país, implementadas para retomar el control del sistema penitenciario tras la crisis de seguridad desatada por la fuga de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 del penal de máxima seguridad Fraijanes II, en octubre de 2025.
«El lunes hemos terminado. Hemos realizado el 100 % del censo penitenciario, una acción que no se había desarrollado nunca en la historia de Guatemala», destacó el funcionario.
El proceso de sistematización por parte del Gobierno permitió identificar y perfilar a los 23.837 privados de libertad, de los cuales 2.545 pertenecen a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), grupos catalogados legalmente como terroristas en la nación centroamericana.
La identidad de cada recluso se verificó mediante huellas dactilares y dispositivos biométricos cotejados con la base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renap) para detectar posibles suplantaciones, explicó Villeda.
Ley antipandillas endurece las penas y sanciones
Por su parte, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, vinculó estas acciones con la recuperación del orden institucional frente a grupos criminales que, según el Ejecutivo, intentaron mantener «privilegios indebidos» mediante motines y extorsiones.
«Hoy por hoy ya tenemos a toda la población reclusa censada (…). Tenemos claro quiénes están dentro de cada prisión y cuál es el delito que han cometido. Los criminales no van a seguir teniendo el control de los centros penitenciarios», reiteró Villeda.
El censo, que se extendió durante tres meses, responde al endurecimiento de la política penal tras la entrada en vigor, el pasado 11 de noviembre, de la denominada «Ley Antipandillas».
Con este nuevo marco legal, Guatemala define a estructuras como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas. Además, la ley establece criterios para sancionar nuevas organizaciones y endurece las penas por extorsión y reclutamiento de menores.
Las pandillas mantienen una pugna con el Gobierno por el control de las cárceles desde el pasado 31 de julio, cuando se trasladó a sus líderes a un penal de máxima seguridad para su aislamiento, lo que derivó en constantes disturbios.
Guatemala se encuentra actualmente bajo estado de sitio debido a tres motines registrados el 17 de enero, los cuales provocaron una serie de ataques coordinados contra las fuerzas de seguridad al día siguiente, que dejaron como saldo el asesinato de 11 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
