La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este martes, ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, una pena de 22 años de cárcel para el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, por el caso de incumplimiento de deberes. Esta solicitud se enmarca dentro de los cargos de impago de cuotas laborales y apropiación indebida de prestaciones tributarias.
En la reanudación de la vista pública, los fiscales presentaron informes actualizados de los estados financieros relacionados con el caso, donde destacaron que de 44 informes solicitados, 41 fueron entregados por escrito y uno de manera digital. La audiencia continuó con los alegatos finales, donde la acusación se centró en el incumplimiento del exalcalde en el pago de cuotas laborales de los trabajadores de la Alcaldía de San Salvador.
Según la FGR, para el exalcalde Muyshondt se solicitaron ocho años de cárcel por incumplimiento de deberes agravados en dos de los tres casos que se le atribuyen, sumando un total de 16 años. Además, pidieron una pena de seis años por apropiación indebida de prestaciones tributarias.
El abogado defensor, Óscar Argueta, calificó de «injusta» la solicitud de la Fiscalía. Aunque reconoció que la pena solicitada está dentro de los parámetros legales, expresó que la defensa presentará sus alegatos para rechazarla.
El caso involucra también a otros exfuncionarios municipales. La Fiscalía solicitó penas de prisión para el exrepresentante legal de la Dirección de Desechos Sólidos, Francisco Chacón, el exdirector de Finanzas, Santos Omar Muñoz, y el extesorero, Fernando Heriberto Portillo. En total, la Fiscalía ha solicitado 14 años para Muñoz, 20 años para Portillo y 16 años para Chacón, debido a su implicación en el incumplimiento de deberes y la apropiación indebida de retenciones tributarias y cuotas laborales.
Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicitó una responsabilidad civil en abstracto, dado que no se ha determinado un monto específico debido a que algunos de los afectados ya han sido indemnizados.
Este caso sigue siendo uno de los más relevantes en la administración pública, con fuertes implicaciones legales para los involucrados y un llamado de la sociedad para garantizar justicia en el manejo de los recursos públicos.
