La Fiscalía General de la República presentó ayer el dictamen de acusación contra el expresidente de la República, Alfredo Cristiani Burkard, y al menos siete personas más por la matanza de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, ocurrida el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador.
Según declaraciones del fiscal, tienen testigos que afirman que Cristiani se hizo presente en el Estado Mayor y fue informado del operativo que consistió en el allanamiento a las instalaciones de la UCA. Además, el expresidente habría declarado que estuvo en el Estado Mayor la noche y madrugada de la masacre.
Durante la fase de instrucción del caso, el juzgado y las partes procesales han escuchado declaraciones anticipadas de testigos, entre ellos el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años por este caso, y el testigo clave «Gabriel» quien aseguró haber participado en el operativo.
El fiscal destacó que no solo cuentan con el testimonio de Emilio Ponce, quien ya falleció, sino que también tienen otros testigos que ubican al expresidente en el lugar y que afirman que estuvo de acuerdo o autorizó los hechos que desencadenaron la muerte de las ocho personas.
La Fiscalía también informó que tienen pruebas contra el exdiputado Rodolfo Parker, a quien acusan de haber manipulado pruebas y de haber ofrecido dinero a cambio de encubrir a autores intelectuales.
La masacre de la UCA ocurrió en plena ofensiva final del conflicto armado en El Salvador y conmovió a la sociedad salvadoreña y a nivel internacional.
