La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho publicó comunicado denunciando el menosprecio a los derechos al honor, la propia imagen, la intimidad personal y familiar de magistrados, magistradas, jueces, juezas y demás funcionarios de la Corte Suprema de Justicia.
Los ataques, se ven especialmente por redes sociales donde han venido profiriendo contra personas particulares, mujeres, organizaciones de sociedad civil, periodistas, funcionarios públicos, entre otras; mensajes que traspasan el límite de lo que es legalmente permitido.
FESPAD, expresó la solidaridad con las personas particulares y funcionarios públicos, especialmente mujeres, que son víctimas de estos actos; además, manifestaron 9 puntos los cuales son:
-Nuestro llamado a todos los funcionarios estatales al irrestricto respeto a los Derechos Humanos, a la Constitución y las leyes; que sus funciones se ciñan a las facultades que la ley les otorga respetando la independencia y colaboración entre órganos.
-Que en consecuencia de lo anterior se respete la potestad exclusiva que la Constitución otorga al Órgano Judicial de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, así como el principio de independencia judicial.
-A los funcionarios públicos que emiten y alientan por distintas plataformas y medios expresiones o mensajes de odio, misoginia, violencia, de desprestigio y contra el honor; a eliminar tales actuaciones que no abonan a la construcción de paz social del país.
-A las personas particulares que emiten, por distintas plataformas y medios, expresiones o mensajes de odio, misoginia, violencia, de desprestigio y contra el honor; a abstenerse de continuar con dicha práctica la cual puede conllevar a procesos judiciales y responsabilidades penales.
-A las personas particulares, funcionarios y funcionarias que en su contra se han y se ejerce este tipo de acciones reprochables, a que denuncien ante la FGR.
-Al Fiscal General de la República, a que atienda y acompañe a las víctimas de estos casos, y que en cumplimiento de su mandato legal y demás leyes relacionadas, se procese y castigue judicialmente a los autores intelectuales y materiales de estas reprochables prácticas.
-A la Policía Nacional Civil, para que en cumplimiento a su mandato constitucional colabore con la FGR en el procedimiento de investigación de estos delitos.
-Al Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, de Naciones Unidas, tome nota de la denuncia pública realizada por la Corte Plena de la CSJ, que da cuenta del socavamiento de la independencia judicial en El Salvador; vigile y siga las diligencias que su cargo le otorgan.
-A la población en general, a que contribuyamos a la construcción de paz social mediante la tolerancia, la autorregulación para la no promoción de estos mensajes y expresiones que tienen contaminado de odio el ambiente del país.
