La entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) ya deja sus primeras consecuencias: la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) anunció este viernes la disolución de su figura jurídica y el cierre de operaciones en El Salvador, tras considerar que la normativa hace “insostenible” el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
Creada en 1988 con el propósito de acercar servicios legales a sectores vulnerables, Fespad se convirtió en referente de la defensa de los derechos humanos y de la contraloría social. Sin embargo, con la LAEX —vigente desde el 7 de junio de 2025— la institución asegura que se enfrenta a un marco restrictivo que limita el derecho de asociación, genera inseguridad jurídica y establece un impuesto del 30 % a toda donación proveniente del extranjero.
De acuerdo con el comunicado emitido, continuar operando bajo estas condiciones significaría renunciar a la misión de contribuir a una sociedad “justa y democrática”. La organización también advirtió que la normativa restringe la participación en actividades consideradas “políticas” y otorga al Estado amplias facultades para fiscalizar o sancionar discrecionalmente a quienes reciban cooperación internacional.
La Ley de Agentes Extranjeros ha sido criticada por diversos sectores nacionales e internacionales, que la consideran un riesgo para las libertades fundamentales y el pluralismo democrático. El presidente Nayib Bukele, en contraste, sostiene que el marco legal es necesario para “proteger la cooperación” y transparentar el uso de los fondos externos.
El cierre de Fespad marca un precedente político y social: abre la interrogante sobre cuántas organizaciones más se verán obligadas a seguir el mismo camino y cómo se reconfigurará la relación entre sociedad civil y Estado en los próximos meses.
