Desde el pasado domingo entró en vigencia en El Salvador el paquete de reformas penales que incorpora la cadena perpetua para delitos de extrema gravedad, luego de cumplirse 30 días de su publicación en el Diario Oficial tras la ratificación constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa a iniciativa del presidente Nayib Bukele.
La normativa establece la prisión perpetua como sanción para delitos como homicidio simple y agravado, feminicidio, diversas modalidades de violación, así como para integrantes y colaboradores de organizaciones criminales o terroristas, clasificación bajo la que ahora se incluye a las pandillas.
Con la entrada en vigor de estas disposiciones, la cadena perpetua pasa a ser la única pena aplicable para los condenados por estos delitos, incluyendo autores, cómplices y personas entre los 12 y 18 años, uno de los puntos que ha generado mayor debate.
Las reformas también modifican el tratamiento del delito de agrupaciones ilícitas. Mientras anteriormente era utilizado para procesar a pandilleros con penas de entre 20 y 30 años —y hasta 45 años para cabecillas— ahora quedará orientado a otros grupos delictivos no vinculados a pandillas, con condenas que oscilan entre 10 y 20 años.
Otro de los cambios incorporados es la creación de revisiones judiciales obligatorias para evaluar eventuales regímenes de libertad controlada en casos de cadena perpetua. Estas revisiones deberán realizarse cada cinco años, una vez cumplidos determinados plazos mínimos de prisión: 25 años para menores, 30 para adultos, 35 en casos de múltiples delitos y 40 años cuando concurran agravantes.
Desde el oficialismo, encabezado por Nuevas Ideas, se ha sostenido que la medida mantiene compatibilidad con estándares constitucionales e internacionales debido a esos mecanismos de revisión periódica.
No obstante, organismos internacionales han expresado preocupación. La Inter-American Commission on Human Rights ha señalado que imponer prisión perpetua a menores de edad podría ser incompatible con la jurisprudencia interamericana, al considerar que afecta principios de proporcionalidad y resocialización. En similar sentido se ha pronunciado Human Rights Watch, que cuestiona la reforma por posibles contradicciones con estándares internacionales de derechos humanos.
La entrada en vigencia de estas reformas ocurre en el contexto del régimen de excepción implementado en El Salvador desde marzo de 2022, una estrategia de seguridad que, según cifras oficiales, ha derivado en más de 91 mil capturas y una reducción sostenida de homicidios, aunque también ha sido objeto de cuestionamientos por denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos y muertes bajo custodia estatal.
