La Asamblea Legislativa declaró el 7 de octubre una emergencia nacional en El Salvador por un período de seis meses, con posibilidad de extenderla. Si no se prorroga, la medida finalizaría en abril de 2027. El decreto no suspende los derechos y garantías constitucionales de la población.
La medida activa el Sistema Nacional de Protección Civil, que coordinará las acciones para atender la emergencia. Las comisiones nacionales, departamentales, municipales y comunales deberán evaluar daños, identificar necesidades y supervisar la respuesta en las zonas afectadas.
El decreto también asigna tareas específicas. El Ministerio de Agricultura estará a cargo del almacenamiento de alimentos y la seguridad alimentaria, mientras que el Ministerio de la Defensa coordinará la asistencia humanitaria. Protección Civil, por su parte, deberá informar diariamente al presidente sobre las acciones realizadas y la distribución de ayuda.
Uno de los cambios más importantes es que las instituciones públicas podrán administrar y trasladar fondos destinados a la emergencia sin pasar por el proceso legislativo habitual. Esto busca facilitar que los recursos lleguen con mayor rapidez a las áreas que los necesiten.
La declaratoria también permite realizar compras directas y más rápidas para atender la emergencia, incluso con proveedores que no estén inscritos en Comprasal. Sin embargo, las instituciones deberán justificar las compras, comparar cotizaciones y publicar posteriormente los contratos y órdenes de compra en Comprasal, para mantener el registro público de estas operaciones.
