La deuda política en El Salvador, un tema de constante debate, está a punto de desaparecer. Así lo adelantó el presidente Nayib Bukele, quien aseguró que los partidos políticos pueden y deben autofinanciarse, argumentando que el financiamiento público no es necesario para el funcionamiento de las fuerzas políticas del país.
A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Bukele expresó: “Creo que se debe eliminar la deuda política en El Salvador. Los partidos políticos se pueden financiar como nos financiamos nosotros en 2019. ¿Difícil? Sí, fue difícil. ¿Pero no fue mejor así?”. El presidente se refiere a las dificultades que enfrentó su propio partido, Nuevas Ideas, en sus primeros años, pero asegura que el esfuerzo valió la pena sin depender de fondos públicos.
La deuda política es el financiamiento otorgado por el Estado a los partidos políticos, calculado con base en la cantidad de votos obtenidos en cada elección y ajustado según la inflación. Este monto es fijado por el Ministerio de Hacienda y, en la práctica, sirve para asegurar la autonomía de los partidos políticos en las campañas electorales.
La postura de Bukele fue rápidamente respondida por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien también está a favor de la eliminación de la deuda política. A través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), Castro destacó la importancia de este cambio y anunció que el proceso para llevar a cabo la eliminación comenzaría de inmediato. “Un paso necesario y correcto desde todo punto de vista. Iniciaremos, de inmediato, el análisis para poder proceder lo más pronto posible a la eliminación de la mal llamada ‘deuda’ política”, expresó.
Sin embargo, el proceso no será sencillo, ya que para eliminar la deuda política, será necesario reformar tanto la Constitución de la República como la Ley de Partidos Políticos. La reforma constitucional afectaría el artículo 210 de la Carta Magna, que actualmente establece que el Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos, con el fin de promover su libertad e independencia. En cuanto a la Ley de Partidos Políticos, el Capítulo II, artículo 52, regula el derecho de los partidos a recibir dinero del Estado por cada voto válido obtenido en las elecciones.
En una intervención previa, antes de la sesión plenaria del miércoles, el presidente de la Asamblea Legislativa había mostrado su disposición a discutir la eliminación de la deuda política, pero también expresó sus dudas sobre las implicaciones de esta medida. «Si nosotros podemos quitar la deuda política, para nosotros no es problema, pero las preguntas van a ser diferentes: ¿quiénes van a financiar a los partidos políticos? ¿Será que los narcos van a financiar a los partidos políticos? ¿Será que fuerzas oscuras van a financiar a los partidos políticos? ¿Quién los va a auditar, si no son fondos del Estado?», cuestionó Castro.
Estas declaraciones reflejan el complejo escenario en el que se desarrollará el debate sobre la eliminación de la deuda política. Mientras el presidente Bukele y el presidente de la Asamblea Legislativa están en sintonía con la idea de acabar con este mecanismo de financiamiento, aún persisten preguntas sobre cómo se financiarán los partidos políticos en el futuro y qué controles serán necesarios para evitar el uso de fuentes no transparentes de financiamiento.
La eliminación de la deuda política se perfila como una de las reformas clave en el próximo periodo legislativo, pero sin duda será un tema de discusión intensa que requerirá un consenso amplio entre los actores políticos y una serie de reformas legales para llevarla a cabo.
Este debate marca un punto crucial en la política de El Salvador, donde el financiamiento electoral y la independencia de los partidos continúan siendo temas relevantes para el fortalecimiento de la democracia en el país.
