El régimen de excepción, que vencía a la medianoche del 5 de enero, fue prorrogado por 30 días más, manteniendo suspendidos tres derechos constitucionales: garantías de defensa, período máximo de detención y privacidad en las telecomunicaciones. Desde su implementación el 27 de marzo de 2022, el gobierno defiende su vigencia para combatir la violencia y nuevas modalidades de operación de grupos criminales.
Según datos oficiales, hasta la fecha se han detenido a 83,900 personas bajo este régimen. “No vamos a tolerar que las pandillas vuelvan a causar miedo en las familias”, afirmó la diputada Alexia Rivas, destacando también la llegada récord de 3.9 millones de turistas internacionales en 2024 y los arrestos realizados en diciembre. Por su parte, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, resaltó los “70 días sin homicidios a manos de pandilleros terroristas”.
La bancada oficialista, liderada por Nuevas Ideas, reafirmó su apoyo al régimen. La diputada Sandra Interiano insistió que lo aprobarán “las veces que sea necesario”, mientras que Reynaldo Cardoza expresó que “ojalá perdure hasta detener al último pandillero”.
En contraste, la diputada opositora Claudia Ortiz señaló que la falta de acceso a servicios esenciales como agua y salud también constituye una forma de violencia contra la población salvadoreña.
La Fiscalía General de la República informó que 2024 cerró con 114 homicidios, un promedio diario de 0.3, lo que representa una reducción del 25.9 % respecto a 2023. Sin embargo, estas cifras no incluyen muertes violentas de pandilleros.
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y la Unidad de Defensa de Derechos y Comunitarios (UNIDEHC) denunciaron detenciones arbitrarias. Según MOVIR, presentaron evidencia de arraigo e inocencia para 150 detenidos, recibiendo respuesta oficial el pasado 3 de enero.
Adicionalmente, organizaciones de derechos humanos como Socorro Jurídico Humanitario (SJH) han documentado la muerte de al menos 354 personas dentro de los centros penitenciarios desde el inicio del régimen, el 94 % de ellas, según SJH, sin vínculos con pandillas. “El costo en derechos humanos es alarmante”, subrayó Ingrid Escobar, portavoz de SJH.
Aunque el régimen de excepción ha logrado reducir los índices de violencia a niveles históricos, las críticas sobre su impacto en las libertades y derechos humanos siguen generando controversia en el país.
